Cuando un año está por concluir, es momento de hacer una pausa y leer con atención las señales que deja la vida pública del país. Más allá del debate cotidiano y de las posiciones encontradas, hay hechos que permiten evaluar si el rumbo elegido está dando resultados. El comportamiento reciente del peso mexicano es una de esas señales que, leídas con perspectiva política, ofrecen elementos para el análisis.

En días recientes, el peso rompió la barrera de los 18 pesos por dólar, ubicándose en niveles no vistos en casi dos años. Cuestionada sobre este comportamiento en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: la economía de México está fuerte, incluso frente a quienes sostienen lo contrario, y esa fortaleza —subrayó— es resultado del cambio de modelo económico que vive el país.

Cuando la presidenta habla de cambio de modelo, se refiere al humanismo mexicano, una alternativa al viejo paradigma neoliberal que concibe al Estado no solo como regulador del mercado, sino como actor activo para corregir desigualdades, garantizar derechos y priorizar el bienestar social. Programas sociales, austeridad republicana sin recortar el gasto social, disciplina fiscal, fortalecimiento del mercado interno, mejores salarios y un papel estratégico del Estado en áreas clave han sido pilares de este enfoque.

Desde una lectura analítica, la apreciación del peso responde a una combinación de factores externos e internos. El tipo de cambio se determina en los mercados bajo un régimen de libre flotación, pero esos mercados reaccionan a señales políticas, institucionales y económicas. La estabilidad financiera, el dinamismo exportador, el flujo constante de remesas y la continuidad del modelo económico han contribuido a sostener la confianza en la moneda.

Desarrollo con justicia. En este contexto, el año legislativo que concluye en el Senado de la República ha sido parte de la construcción de esa estabilidad. No se trata solo de indicadores financieros, sino de decisiones políticas y jurídicas que buscan dar certidumbre al rumbo económico del país. Un ejemplo de ello es el Paquete Arancelario que entrará en vigor en enero de 2026, cuyo objetivo es proteger alrededor de 350 mil empleos vinculados a 17 industrias estratégicas nacionales.

Este paquete debe leerse como parte de una política de desarrollo con justicia: proteger el empleo, fortalecer la planta productiva nacional y evitar que sectores clave queden expuestos a prácticas desleales en el comercio internacional. Desde el análisis político, estas medidas complementan la estabilidad macroeconómica y confirman que el Estado mantiene un papel activo en la defensa del interés nacional.

Para Veracruz, estas decisiones tienen implicaciones directas. La protección de industrias estratégicas y del empleo fortalece cadenas productivas relacionadas con la energía, la petroquímica, la agroindustria, la logística y la actividad portuaria en Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos. Un peso estable y políticas industriales claras generan mejores condiciones para que la economía estatal siga creciendo.

En el plano social, la estabilidad económica y la protección del empleo ayudan a preservar el poder adquisitivo de las familias veracruzanas y a dar mayor certidumbre a sectores como el comercio, el turismo y los servicios, particularmente en ciudades como Xalapa. En términos políticos, esto amplía el margen para planear políticas públicas con visión de largo plazo.

La presidenta ha adelantado que hacia 2026 se impulsará un aumento en la inversión pública mediante distintos instrumentos. El reto será que esta estabilidad, acompañada de políticas industriales y laborales, se traduzca en desarrollo regional equilibrado. Desde el Senado, la responsabilidad es acompañar ese esfuerzo para que los beneficios lleguen a las regiones y se reflejen en bienestar tangible.