Las nuevas declaraciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, parecen contradecir el discurso de su jefa política, la presidente Claudia Sheinbaum y las acciones del Secretario de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch.
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En su toma de protesta como gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez prometió aplicar la ley “sin miedo”. Pero en la actualidad optó por la reculativa. Pero si declaración “Yo no soy responsable del pasado”, en alusión a los más de 7000 casos de desaparecidos en Chiapas, parece ser miedo a aplicar la ley.
Un contraste grave, porque todos entendimos de principio un compromiso firme con la justicia, la paz y la dignidad de las víctimas. Y parece inexplicable que la garra del Jaguar haya terminado en simple caricia a los responsables de estos crímenes. La reedición chiapaneca de los “abrazos, no balazos”.
La grave y ceremonial frase, “aquí no hay derecho al miedo, la ley se va a aplicar”, en menos de un año se revirtió. Si el gobernador tiene miedo, ¿qué será de los ciudadanos? Porque este deslinde se expresa en el contexto de una crisis de seguridad en Chiapas. En donde el ciudadano ya no sabe si encuentra seguridad en el gobierno o en el poder de facto de las organizaciones territoriales.
Aplicar la ley sin miedo no es sólo enfrentar a grupos delictivos, sino también revisar carpetas olvidadas, auditar omisiones pasadas y proteger a quienes buscan a sus seres queridos. Y afirmar que asumirá el presente “con autoridad y compromiso”, no es consuelo, mucho menos una estrategia de seguridad.
Deslindarse del sufrimiento de las familias por sus desaparecidos, rompe la continuidad del deber institucional, debilita la estructura de procuración de justicia y revictimiza a los ofendidos. Este giro no es sólo discursivo, porque contradice el principio de aplicación de la ley y lanza una consigna de omisión a las estructuras de investigación y persecución de los delitos.
Tampoco podemos creer que en realidad el gobernador tiene el mismo miedo del ciudadano que tiene que trabajar y circular por calles y caminos de Chiapas. Él tiene una escolta, equipo de protección, camionetas blindadas, helicópteros y personal armado que lo cuida. No padece ese miedo.
Tal vez no es el temor al crimen a lo que el gobernador se enfrenta, sino al costo político de asumir la verdad y no poder dar resultados. El deslinde del gobernador Ramírez Aguilar es una elección: pretende señalar el páramo desolado del pasado, en el que imperaba la ley de la selva. Pero es inútil para ocultar que su gobierno rebasa la cifra de 800 desaparecidos.
Aplicar la ley sin miedo implica enfrentar el pasado, no huir de él. Las familias de los desaparecidos no piden milagros, piden la justicia que el gobernador ofreció durante su toma de protesta. La justicia de los millones gastados en la publicidad del grupo Pakal. La esperanza que prometió la fiera mirada del Jaguar Negro en sus comerciales.
El cambio de rumbo tiene un significado político, más que en el ámbito de procuración de justicia. Es un deslinde con un pasado que amenaza el futuro, que es lo que parece importarle al gobernador en el ámbito nacional. Pero se encuentra en el callejón sin salida de las promesas sin resultados. Es la confesión de la impotencia de un poder rebasado.
Cabe recordar la frase del filósofo George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Pero es peor no recordar el dolor de tantas familias y, aún más, pretender deslindarse del pasado reciente que lo llevó a asumir la gubernatura. La política no se mide por el tamaño de las promesas, sino por el tamaño de los resultados.
