La propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas, junto con el reciente incremento del salario mínimo general (SMG), retoman históricas luchas de la clase trabajadora de México. Nadie se opondría a calificarlas de justicia laboral.

Pero no todas las reformas legislativas pueden valorarse como verdaderos avances, cuando encubren propósitos políticos y se sostienen sobre estructuras simuladas, incapaces además de garantizar su cumplimiento.

La legislación que describe al país de papel y el México real, suelen ser del color del cristal con que el poder público las mira. Las contradicciones entre el capital y el trabajo siempre se han resuelto en la legislación en favor del trabajo, pero el contexto político impide su realización.

Mucho trabajo, poca producción

México ocupa el último lugar en productividad por hora trabajada entre los países de la OCDE, con apenas $95 USD generados por hora, frente a $140 USD en Irlanda o $115 USD en Alemania. Y sin embargo, es uno de los que más horas trabaja: 2,226 horas al año por persona, muy por encima del promedio de la OCDE (1,752 horas).

Más del 55% de la fuerza laboral mexicana está en la informalidad, lo que significa que millones de trabajadores no tienen acceso a seguridad social, capacitación ni protección legal. Ni lo tendrán.

En este contexto, el impacto real de la jornada de 40 horas y el nuevo SMG depende de algo más profundo: la capacidad gubernamental para garantizar el cumplimiento de las nuevas medidas, fiscalización eficiente y reorganización productiva.

Simulación gubernamental

Pero esa garantía es una entelequia frente al sistema gubernamental de simulación, que impulsa un discurso de avanzada basado en el bienestar del pueblo, mientras da prioridad a propósitos electorales y clientelares. Es simple marketing político, no proyecto de país.

Las debilidades estructurales son evidentes y basta enumerar algunas, para entender por qué estas reformas están destinadas a sostener el discurso político, no a trascender:

- El SAT ha intensificado auditorías electrónicas, pero enfrenta serias limitaciones para fiscalizar nóminas simuladas, subcontratación encubierta y evasión en esquemas híbridos.

- La STPS aplica sanciones más altas, pero no cuenta con suficiente personal ni infraestructura para inspeccionar de forma sistemática en un espectro general.

- El IMSS e Infonavit han ajustado cuotas, pero muchas empresas siguen sin registrar correctamente a sus trabajadores, especialmente en zonas rurales y sectores públicos descentralizados.

- El 70% de las empresas mexicanas no están preparadas para cumplir con las reformas laborales de 2025.

- Las MiPyMEs, que constituyen el 95% del tejido empresarial, enfrentan costos operativos al alza, falta de asesoría técnica y resistencia al cambio.

- En muchos estados, especialmente donde el empleo depende de obras públicas o programas federales, la simulación de cumplimiento es sistemática.

- En general se reporta jornadas reducidas y salarios ajustados, pero se mantiene prácticas de explotación, falta de pagos, evasión de las prestaciones sociales y contratos informales.

Política laboral electorera

El régimen actual enfrenta una paradoja: promueve reformas laborales progresistas, pero carece de las condiciones estructurales para hacerlas cumplir.

Sin embargo, esto parece no importarle, mientras la reforma alcance a mantener el discurso de la transformación, la satanización del neoliberalismo y el control de su clientela electoral mediante los programas sociales.

La informalidad, el rezago institucional, la simulación política y una planta productiva anacrónica se oponen a la justicia laboral y a la productividad. Pero son aliados efectivos de la política clientelar y la venta de esperanzas.

Sin una cultura de la legalidad, sin un sindicalismo auténtico que promueva los avances legislativos y sin una transformación profunda del aparato fiscalizador, las reformas correrán la suerte de tantos otros buenos propósitos: justicia de papel, injusticia en la realidad.

La justicia laboral no puede sostenerse sobre estructuras simuladas. Si el régimen político no se transforma para liderar verdaderamente el desarrollo económico, y si las reformas siguen siendo insumos legislativos para alimentar el discurso demagógico de la transformación, México seguirá siendo el país de nunca jamás.

La reforma laboral me recuerda la famosa frase del Príncipe de Salina, de El Gatopardo de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

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