La Ley de Aguas es una latente eventualidad que puede mover el escenario político y social del País, sí la cerrazón persiste y las ganas de centralizar las decisiones se impone, sin temor a equivocarme será un parteaguas en la relación sociedad-Gobierno. La reforma a la Ley de Aguas es perversa, ya que bajo el argumento de reglamentar el derecho humano al agua el Gobierno está buscando corregir sus ineficiencias, condicionando el reparto del agua, despojando a las personas de derechos adquiridos a través de concesiones o asignaciones que ya han sido debidamente determinadas por la Ley.
Un propietario de una tierra con derechos de agua o una concesión de un pozo, no podrá vender la tierra junto con los derechos, lo cual propiciara que la tierra pierda su valor; asimismo, aquel mexicano o mexicana que quieran heredar a sus hijos el predio y los derechos de agua que tienen en el mismo, no lo podrá hacer. En ambos casos tendrán que regresar esa derecho al Estado Mexicano y sin agua la tierra no vale nada. Como tenemos un Gobierno Federal quebrado esta propuesta busca por cualquier medio incrementar ingresos a través de multas excesivas; ademas, se condiciona la prórroga de concesiones o asignaciones de agua con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.; ademas, se pone en un estado de riesgo legal a las personas concesionarias o usuarias, ya que se faculta a la autoridad a actuar con amplia discrecionalidad que conducirá a la arbitrariedad. Toda persona concesionaria corre el riesgo de ser acusada de cometer delitos hídricos.
Hay cerca 145 mil títulos en estado de renovación, no actualizados por la falta de capacidad de la autoridad que pone en riesgo a muchas personas concesionarias en su mayoría productores de caer en incumplimientos u omisiones por culpa de la propia autoridad. Esta es una Ley centralista, todo el poder en la materia lo concentrará el gobierno federal; las atribuciones de los operadores en los módulos de riego, se eliminan.
Los pozos ganaderos, presones, estanques que utilizan en el sector pecuario están prohibidos, le van a dar al traste a la ganadería en el país; sin temor a equivocarme esta legislación no atiende las vocaciones regionales del país, ni la circunstancia hídrica que en el contexto nacional tenemos; lo que se pretende realizar por el Gobierno y su mayoría, es un verdadero atentado.
Estamos convencidos en que debemos hacer un uso racional del agua, que debemos cuidarla, que debemos proteger este recurso natural, pero no mediante la estatización de las decisiones, no mediante el centralismo controlador, no sin consultar de manera seria especialistas, usuarios y experiencias de otras partes del mundo que nos den certeza de que estamos logrando el propósito mayor que es tener agua en el futuro.