La autoridad se equivoca. Con estas acciones no se fortalece la legalidad ni la conservación del recurso hídrico; al contrario, promueve la opacidad, la inseguridad jurídica y el abuso de autoridad.
Algo grave sucede en materia de aguas nacionales. El sistema digital de ingreso de trámites, denominado Buzón del Agua o Con\@gua digital, lleva ya seis meses presentando fallas que impiden ingresar transmisiones de derechos; únicamente, de manera esporádica, permite presentar alguna prórroga. Que un sistema de alcance nacional presente una falla técnica tan prolongada no es un asunto menor. Varios usuarios empiezan a concluir que dicha “falla” podría no ser casual, sino intencional.
Desde hace años, en distintos foros y medios de comunicación, se ha evidenciado la postura de la autoridad del agua respecto de los títulos de concesión y, en particular, de las transmisiones de derechos. La realidad es clara: la autoridad está en contra de este trámite.
Conviene explicar en qué consiste una transmisión de derechos de aguas nacionales. Según la Ley de Aguas Nacionales (LAN), el titular de un derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales (o de un permiso de descarga) puede cederlo total o parcialmente a otra persona. Esta cesión recae sobre volúmenes ya concesionados, mismos que han sido considerados en las vedas y restricciones de cada acuífero. Por ello, no se trata de obras nuevas, como erróneamente pretende argumentar la autoridad para negar el trámite con resoluciones basadas en “machotes” preestablecidos.
Esta postura contraria a derecho ha llevado a que la transmisión de derechos sea prácticamente satanizada. Hoy, el trámite se encuentra bloqueado en el sistema digital en un acto arbitrario y violatorio de derechos humanos. Para agravar la situación, la CONAGUA desde hace tiempo se niega a recibir trámites en formato físico, lo cual resulta inconstitucional y genera mayor inseguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales.
Diversos jueces, magistrados e incluso la Suprema Corte de Justicia han señalado en sus resoluciones que la digitalización no puede ser la única vía de recepción de trámites, y que rechazar los medios físicos viola nuestra Constitución. Sin embargo, la autoridad del agua ha hecho caso omiso.
Las consecuencias son graves: en el sector agrícola —particularmente en Chihuahua, el estado con mayor número de títulos de concesión— se han perdido derechos, otros permanecen en incertidumbre jurídica y el dinamismo del campo se ve frenado. Los trámites de transmisión de volúmenes concesionados son vitales para la producción agrícola y la seguridad de las familias que dependen de ella.
