De nuevo escribo desde el campo chihuahuense, ya que no hay día que no reciba la queja de algún agricultor del estado. La incertidumbre, la falta de apoyos y la inseguridad no cesan; ser agricultor hoy en día implica más sacrificio que oficio. En el ámbito nacional, la reciente noticia del paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales ha intensificado la preocupación en el campo. Los agricultores temen ahora por su patrimonio, y no es para menos. Las reformas buscan prohibir figuras jurídicas fundamentales para la vida en el campo. Un título de concesión no es solo un permiso legal para extraer aguas nacionales; también constituye una garantía para acceder a tarifas eléctricas preferenciales y representa el patrimonio de familiares y generaciones. Es un derecho adquirido hace años y conservado con esfuerzo a lo largo del tiempo. Los agricultores lo ceden entre ellos según las necesidades del campo, pero ahora, con estas reformas, Conagua quiere tomar el control total de las decisiones relacionadas con el recurso hídrico. Quiero dejar claro que el agua es de la nación, pero no para acapararla ni para establecer un control burocrático y discrecional del recurso hídrico. El agua es para uso, disfrute y trabajo de todos los mexicanos. Sin embargo, con la prohibición de las transmisiones de derechos de agua, las tierras perderán valor y el sueño de crecer como agricultor se complicará aún más. En este nuevo escenario de control burocrático del agua, el productor, en lugar de acordar de manera libre con su vecino, tendrá que acudir a una “subasta” organizada discrecionalmente por Conagua, lo que genera mayor incertidumbre y desconfianza. El temor a perder años de patrimonio es real, y la desmotivación en la agricultura se agudiza. A esto se suma el tema de la tarifa eléctrica preferencial de SADER. Miles de agricultores han quedado con la tarifa N9 agrícola, que ofrece un precio especial por kilómetro. Con esa tarifa, el costo de la electricidad es de 68 centavos por KM, en contraste con los 1.67 centavos sin ella. Sin la tarifa preferencial, sembrar no resulta rentable, lo que agrava aún más la situación. Existen múltiples frentes abiertos que afectan actualmente al campo: la falta de apoyos, la problemática del agua y la inseguridad jurídica. Por eso, los agricultores piden una tregua, una pausa que permita estabilidad en estos tiempos de cambios profundos. Entre CFE, SADER y Conagua, el campo ha sido azotado por decisiones que afectan su sostenibilidad. No hay carga eléctrica suficiente, los apoyos son escasos y ahora tampoco hay seguridad jurídica. El campo necesita diálogo, tiempo, estabilidad y apoyo. Hace falta un período de paz para que pueda seguir creciendo y desarrollándose. Tanto los cambios como el ruido solo benefician a quienes buscan aprovecharse de la tormenta perfecta, quizás por intereses ocultos. Es momento de escuchar y buscar soluciones que realmente protejan a quienes sostienen a nuestro país a través del trabajo en el campo.