Por: José Martínez Frausto (*)
* Ex presidente de la Fe.Me.Ca., y de la Barra de Abogados de Chihuahua.
En meses recientes, los medios de comunicación y noticieros han informado de dos asuntos relevantes en el ámbito de la administración de justicia local, sobre los cuales haré unas consideraciones: Caso 1- Un juez de ejecución del Estado Juan Carlos Erives Puente concedió a Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, condenado por el delito de secuestro cuya pena de prisión compurgará en el año 2050, un beneficio consistente en que podrá estar en prisión los fines de semana, de 8 de la noche los días viernes a 8 de la noche de los domingos, y los 5 días restantes fuera del penal. Dicho sentenciado es reincidente por el mismo delito de secuestro. El ministerio público apeló, y el tribunal de apelación la dejó insubsistente en virtud de que no se dio intervención a la víctima de ese delito, ordenando llevar a cabo nuevamente la audiencia, con un juez diverso. El sentenciado promovió juicio de amparo, logrando la suspensión de la misma, para seguir gozando del beneficio que le fue concedido. Actualmente la ley no permite ningún beneficio a delincuentes reincidentes, tampoco a los condenados por delito de secuestro. Llama la atención que el sentenciado es hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial Nancy Escárcega, recientemente electa, la que a su vez es esposa de Francisco Sánchez, diputado local y representante del partido Movimiento Ciudadano. Y preguntamos: ¿es casualidad que el sentenciado obtuviera tan inusitado beneficio, recién electa su hermana como magistrada? ¿Qué fundamentos jurídicos aplicó para conceder tal beneficio a un reincidente por delito tan grave y faltándole 25 años para compurgar la pena?.
Caso 2: El del juez penal Elmer Lerma Fontes, quien originalmente conoció de la causa iniciada en contra de Fernando Ramírez, hermano del actual presidente del Congreso del Estado, juzgador que en la primera audiencia dió a entender que fue presionado para resolver en favor del imputado por homicidio en grado de tentativa e inclusive presentó denuncia administrativa señalando al parecer como autor de la presión a un magistrado del Poder Judicial del Estado. De resultar ciertos los hechos denunciados por el juez, lo que constituiría un gravísimo acto de corrupción, tal magistrado tendría que ser cesado. Y pregunto: ¿el Tribunal de Disciplina Judicial resolverá con prontitud la denuncia? ¿con que fundamento legal el presidente de ese Tribunal no informa al menos si se admitió a trámite la denuncia del juez?.
Existe una percepción social de que en ambos casos hay visos de corrupción. Por ello, si se pregona que en este nuevo Poder Judicial se actúa con transparencia, honestidad, respeto a la ley y no tolerancia de corrupción, la sociedad demanda a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Disciplina Judicial que informen públicamente YA sobre estos dos casos. Basta de opacidad.
