La ausencia de México y Canadá entre esos 100 Estados es vista con optimismo en el ámbito financiero, pero todo dependerá de cómo quedó redactado el decreto definitivo y cómo aborda el gobierno de México las tarifas impuestas a los productos mexicanos.
El día de ayer en el muy anunciado “día de la liberación” , el presidente de Estados Unidos Donald Trump, dio a conocer los detalles de sus nuevas “tarifas recíprocas”. Las tasas de importación estarán entre un 10% y un 48%, en función de un mecanismo basado en la mitad de las tarifas que estos países aplican a los productos procedentes de Estados Unidos. Sin embargo, se estableció que, si esa mitad resultara ser menor que el 10%, la tarifa se fijaría de todos modos en un 10%. Para ejemplificar Trump presentó una lista con 100 países con los aranceles para productos de Estados Unidos y con las tarifas a aplicarse de forma recíproca. Trump declaró que “todos los países tendrán un 10%” de gravamen mínimo. No obstante, todavía no queda claro si ese 10% se aplica a todas las importaciones del mundo o únicamente a las de los cincuenta países incluidos en la lista. De igual manera, queda la duda qué tratamiento tendrán México y Canadá ligados al mercado estadounidense a través del T-MEC.
La imposición de un 25% a la importación de automóviles genera dudas respecto a la manera en que dicho gravamen se aplicará en Norteamérica. El sector automotriz es uno de los pilares económicos más relevantes en la relación entre Estados Unidos, Canadá y México, por lo que existe preocupación sobre el posible impacto que pudieran tener estas tarifas en las cadenas productivas y en el flujo comercial regional. Analistas señalan que, si el decreto extiende el 25% a los automóviles mexicanos o canadienses, podría enturbiar la estabilidad alcanzada con la firma del T-MEC, generando nuevos conflictos diplomáticos. El Presidente Trump criticó fuertemente el T-MEC, acuerdo que firmó.
En el caso de México, el gobierno federal ha estado siguiendo de cerca los anuncios de la Casa Blanca. Tras conocerse que el país no figuraba entre los cincuenta señalados, el peso registró una reacción positiva, fortaleciendo su posición en los mercados cambiarios. Sin embargo, el panorama podría cambiar si se termina confirmando que el 10% básico aplica de manera universal, ya que, hasta ahora, el tratado comercial regional ha garantizado que la gran mayoría de los intercambios de bienes industriales y agrícolas se realicen libres de gravámenes.
La respuesta oficial de México podría abarcar diversos escenarios. Por un lado, existe la posibilidad de que el gobierno busque aclarar, a través de canales diplomáticos, la exclusión formal de todo arancel adicional con base en los compromisos pactados en el T-MEC. Por otro lado, si el 10% mínimamente establecido llegara a imponerse a las exportaciones mexicanas, el gobierno se vería obligado a evaluar una medida recíproca o a recurrir a los mecanismos de controversia incluidos en el tratado regional. Por último, no puede descartarse una postura negociadora intermedia que privilegie el diálogo, buscando suavizar el impacto en sectores estratégicos como la industria automotriz, fundamental para la economía del país.
