La designación de la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua continúa siendo una asignatura pendiente para el Congreso del Estado.
Han pasado ya varios meses desde que el Pleno no logró alcanzar la votación calificada necesaria para concretar el nombramiento, situación que dejó en evidencia no solo la falta de consensos, sino también prácticas poco responsables que no deben repetirse. El puesto ha permanecido sin titular definitivo desde agosto de 2024 tras el fallecimiento de Javier González Mocken. Desde entonces, Alejandro Carrasco Talavera ha permanecido como presidente interino de la CEDH.
El proceso anterior estuvo marcado por una práctica que merece una revisión crítica. Se otorgaron calificaciones positivas a aspirantes que ni siquiera comparecieron ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política ni ante el resto de las y los legisladores. Dichas evaluaciones se hicieron públicas, pero no así la identidad de quienes las emitieron, lo que permitió evadir la responsabilidad y la vergüenza política que implica calificar entrevistas inexistentes. El anonimato, en este caso, no protegió la libertad de criterio, sino que sirvió como escudo para una actuación poco seria que desvirtúa el sentido mismo del proceso de selección.
Hoy, el Congreso tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo. La nueva etapa del proceso de selección debe asumirse con responsabilidad institucional, dejando de lado intereses de coyuntura o cálculos políticos que nada aportan a la defensa de los derechos humanos en la entidad. No se trata de imponer perfiles ni de bloquear candidaturas, sino de analizar con rigor los méritos de cada aspirante.
Las exposiciones realizadas por quienes buscan encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como la revisión de sus trayectorias profesionales y académicas, demuestran que existen perfiles sólidos y con experiencia acreditada. Hay personas con conocimiento técnico, compromiso social y una visión clara sobre los retos que enfrenta Chihuahua en materia de derechos humanos. Ignorar esta realidad o minimizarla sería una falta grave a la responsabilidad que juraron asumir las y los diputados.
Si las entrevistas se evalúan con criterios objetivos y si las calificaciones se otorgan bajo un mismo parámetro para todas y todos los aspirantes, será posible construir los acuerdos necesarios. El consenso no es una concesión política; es el resultado natural de un análisis serio y honesto.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos no puede permanecer más tiempo sin una titularidad formal. Chihuahua requiere una institución fuerte, legítima y encabezada por alguien que cuente con el respaldo del Congreso. Esta vez, las distintas fracciones parlamentarias están llamadas a demostrar madurez política y compromiso con la ciudadanía, para que, finalmente, el proceso de selección llegue a buen puerto.
