De nada importó la calificada opinión en contrario de los más connotados juristas de nuestro país, expresada en medios de comunicación masiva, foros de discusión e, incluso, en las aulas universitarias.
Hasta ahora se ha impuesto la estupidez. De los ciudadanos dependerá que, en el futuro, esta terrible realidad política se modifique. Hacemos votos que así sea.
El Diccionario de la Lengua Española entiende por “estupidez”, la “Torpeza notable en comprender las cosas”, vocablo que es sinónimo de tontería y necedad. Eso es lo que ha mostrado Morena; y, lo que es peor: esa estupidez se ha expresado a nivel constitucional, particularmente en el tema de la reforma al Poder Judicial.
Llevada a cabo por la sorda, irracional y soberbia mayoría morenista en el Congreso de la Unión, consistió en un flagrante Golpe de Estado que destituyó a los ministros y ministras, magistrados y magistradas, jueces y juezas, violando sus más elementales derechos laborales, adquiridos a través de una carrera judicial basada en la experiencia y en concursos de oposición (misma que, ciertamente, fue imperfecta, como todo proceso humano), para dar pie a su elección popular, mediante un sistema en que terminará siendo una “tómbola” la que determiné quienes serán los candidatos y candidatas que aparecerán en las boletas de un costoso proceso electoral que se llevará a cabo en junio de 2025.
Los efectos negativos de tan aberrante ocurrencia seremos todos, incluidos sus mismos artífices, y todo por satisfacer el capricho del resentido cacique tabasqueño que aún mueve los hilos del poder desde la comodidad de su finca en Palenque, y ante una Presidenta indolente que no quiso ejercer su poder para cambiar esa realidad impuesta por un solo hombre.
Desafortunadamente, los efectos de tan lamentable reforma también impactaron en las entidades federativas, toda vez que al tenor del reformado artículo 116 de la Constitución Federal, en relación al artículo octavo transitorio de la reforma, se ordenó a las legislaturas locales para que, en un plazo de ciento ochenta días naturales, realizaran las “adecuaciones” a sus constituciones locales, esto es, para que se eligieran magistradas y magistrados, juezas y jueces, de los Estados, por voto de la ciudadanía, conforme a las mismas bases establecidas en la Constitución Federal para el Poder Judicial de la Federación.
Luego entonces, todas las entidades federativas del país, incluido el Estado de Chihuahua, se vieron obligadas a acatar el mandato de la Constitución Federal, aún y cuando no se coincidiera con el mismo. Dicho en otros términos: los diputados que integramos la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, aún en contra de nuestras convicciones políticas, no tuvimos otra opción que la de acatar la obligación constitucional de legislar a partir de la estupidez de la aplanadora morenista en el Congreso de la Unión, y así “adecuar” la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para que nuestras magistradas y magistrados, juezas y jueces, del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sean electas y electos popularmente en junio de 2025.
Legislar en lo local, en tales condiciones impuestas, esto es, a partir de la estupidez de la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, pone en tela de juicio la autonomía de las entidades federativas para determinar su organización política, es decir, el sistema federalista mismo; máxime que la diversa reforma constitucional a la que se ha denominado “de Supremacía Constitucional”, determinó la improcedencia del Juicio de Amparo, Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad, respecto de cualquier reforma o adición a la Constitución Federal, dejando en franco estado de indefensión a los Estados en contra de los caprichos de la mayoría morenista en el Congreso de la Unión.
