​La justicia, en su sentido más puro, debería ser el espacio donde las personas encuentran protección, escucha y reparación. Pero en México, la “perspectiva de infancia” suele quedarse en el discurso judicial, en las resoluciones de los tribunales y no en la práctica cotidiana de quienes llegan a ellos: las abogadas y los abogados. Se repite la consigna de “juzgar con perspectiva de infancia”, pero poco se dice de la obligación ética, jurídica y humana de litigar con esa misma mirada. La infancia no puede ser una excepción en los códigos procesales, sino la brújula de todo acto de defensa.

​En la teoría, la perspectiva de infancia implica reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con voz, emociones y capacidad de participar en los procesos que les afectan. En la realidad, sin embargo, siguen siendo tratados como “objetos de tutela”, invisibilizados tras los conflictos de las personas adultas. El derecho familiar, que debería ser un espacio de contención, a menudo se convierte en un campo de batalla donde los y las más pequeñas son las primeras víctimas del ego y del litigio sin empatía.

​El problema no radica solo en las juezas y los jueces, sino en quienes llevamos los casos ante la autoridad judicial. Una persona profesional del derecho que no litiga con perspectiva de infancia contribuye a perpetuar la violencia institucional. Al ignorar la voz del o la menor, al reducir su experiencia a un expediente o al usar su historia como estrategia procesal, se borra su humanidad. Es un acto de omisión tan grave como la falta de escucha de quien juzga.

​Litigar sin sensibilidad es una forma sofisticada de violencia. Cuando el derecho se ejerce sin empatía, deja de ser defensa y se convierte en poder. La perspectiva de infancia no se reduce a invocar tratados internacionales; exige transformar la forma de ejercer la abogacía. Implica escuchar antes de redactar, explicar antes de firmar, garantizar el acompañamiento. Requiere recordar que cada línea en un escrito puede cambiar la historia emocional de una persona que aún está aprendiendo a vivir.

​Es momento de que el gremio jurídico entienda que la perspectiva de infancia no es un enfoque opcional, sino una obligación constitucional y ética. Litigar con esa mirada significa reconocer que las niñas y los niños no son apéndices de sus progenitores ni piezas de un expediente. Significa darles voz, asegurar que sus opiniones sean escuchadas y que sus intereses prevalezcan sobre cualquier estrategia legal.