El segundo eje será la corresponsabilidad. El monopolio de la verdad no pertenece al gobierno. La sociedad civil no es espectadora; es aliada estratégica. Continuar escuchándola fortalece la legitimidad institucional y el mandato constitucional de protección efectiva.
El respeto a la Constitución no se agota en su letra; se verifica cuando el Estado se convierte en refugio para quienes más sufren. Asumo con gratitud el nombramiento como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Agradezco la confianza de la Gobernadora Maru Campos y del Fiscal General, César Jáuregui. Este encargo no es solo un desafío técnico; es un mandato ético para Chihuahua.
La primera directriz de esta gestión será la dignidad humana, fundamento de nuestro orden constitucional. En la procuración de justicia, ello implica que las instituciones se conviertan en espacios de escucha y acompañamiento. Nuestra fiscalía será de puertas abiertas y trato sensible. En una desaparición, la autoridad debe ser brújula y cercana. Colocar a las familias en el centro no es una consigna: es obligación jurídica y moral.
Finalmente, el Estado de Derecho como garantía material de verdad y justicia. Respetar la Carta Magna exige investigaciones sólidas, uso exhaustivo de recursos técnicos y coordinación interinstitucional. Como señaló Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales son la ley del más débil frente al más fuerte. Proteger a quienes han sufrido desaparición forzada es hacer valer ese principio frente a la impunidad.
