Esa realidad no sólo resulta ofensiva para el ciudadano común; representa también un contraste con los principios de justicia social que promueve este gobierno.

Por eso la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un límite a las pensiones excesivas en organismos como Pemex, la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro marca un momento importante en la consolidación del segundo piso de la 4T. 

Esta reforma no afecta a los trabajadores ni a quienes construyeron su jubilación bajo contratos legítimos. Está dirigida a corregir los abusos que se fueron acumulando durante décadas y que terminaron convirtiéndose en una carga injusta para las finanzas públicas.

Porque mientras unos cuantos recibían pensiones millonarias, millones de mexicanos seguían esperando mejores condiciones de bienestar. Esa brecha es precisamente la que la transformación busca cerrar.

Habrá quienes intenten presentar esta medida como un ataque a derechos adquiridos. Nada más lejos de la realidad. Lo que se está haciendo es poner orden donde antes reinaba la discrecionalidad, ajustar lo que durante años se normalizó aunque fuera injusto.

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene con ello y una serie de medidas una visión de gobierno austera, responsable y plenamente consciente de la realidad de nuestro país.  

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