Deberá Bienestar pagar 30 mdp a 176 guarderías

El juez decimoprimero de Distrito de Chihuahua ordenó a la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores y al delegado estatal, Juan Carlos Loera de la Rosa, entreguen cerca de 30 millones de pesos a 176 estancias infantiles en Chihuahua quienes obtuvieron a través de amparos sentencia definitiva en contra de las reglas de operación 2019 del extinto programa de Estancias Infantiles.

Gracias a las sentencias definitivas serán más de 5 mil niños beneficiados en Chihuahua, es decir, 950 pesos por mes por niño; dicho juzgado interpuso denuncia en contra de Albores y Loera ante la Fiscalía General de la República por desacato del mandato judicial, aunado a una querella que anteriormente ya había presentado, por lo que consignarán ante un juez de Control para citar a audiencia de imputación a los funcionarios federales y den inicio a un proceso penal que puede terminar en inhabilitación y/o de tres a nueve años de prisión.

“Hemos tenido comunicación abierta con el delegado Loera con quien hemos dialogado y explicado del desacato judicial al no atender las resoluciones de los jueces igualmente de los tribunales colegiados, en los cuales se les sentencia a pagar 950 pesos por niño atendido por mes a cada una de las estancias amparadas, al total de los niños adscritos al antiguo programa de Estancias Infantiles de Sedesol al 31 de diciembre del 2018, asimismo, acatar las reglas de operación del 2018 y no las del 2019”, explicó el diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco, quien ha encabezado la batalla legal a favor de las estancias infantiles.

El documento judicial señala: “En consecuencia requiérase al delegado estatal de la Secretaría del Bienestar (Juan Carlos Loera), y a la secretaria de Bienestar (María Luisa Albores), con residencia en Ciudad de México, para que durante el plazo de tres días… informe la primera de ella la respuesta que le haya brindado el director de Políticas Sociales de la Secretaría del Bienestar a su solicitud y remita las constancias conducentes; y la segunda, las referidas de cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el presente asunto”.

Además “…Apercibida que en caso de no cumplir con lo formulado del presente proveído se le impondrá una multa de 100 a mil días equivalente a la UMA, el estado procesal asunto evidencia que las autoridades responsables no han cumplido con la suspensión decretada en consecuencia en virtud de que los responsables no han acreditado haber dado cumplimiento a la suspensión decretada, ello con motivo del desacato del mandato judicial, relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión procédase a realizar formal denuncia ante el Ministerio Público por su probable participación en contra de quien resulte responsable”.

El congresista Mata Carrasco enfatizó que no buscan confrontación con los funcionarios federales, sino que únicamente acaten el mandato judicial. “Queremos hacer un llamado consciente, conciliador a la Secretaría del Bienestar de que acate, de que pague, de que se cumpla por el interés superior de la niñez, no queremos que se proceda con esto que se marca en la consignación, que haya esa sensibilidad política que se necesita de parte del gobierno federal”.

Por su parte, el diputado federal Miguel Riggs celebró que hayan sido los legisladores de Acción Nacional de Chihuahua quienes hayan iniciado con esta batalla legal, la cual, informó, sirvió para aplicarse en otras entidades del país donde juzgados federales les han otorgado la razón a las dueñas de estancias infantiles que interponen amparos.

Además, el diputado local del PAN, Fernando Álvarez, recordó que el Gobierno del Estado comprometió más de 20 millones de pesos para entregarle a 166 estancias infantiles que atendieron la convocatoria, entre 15 y 20 mil pesos mensuales, como apoyo subsidiario, aunado a los esfuerzos que han realizado los ayuntamientos de Chihuahua y Delicias.