Durante varios meses de este año promovió los recursos en un intento fallido por dejar sin efectos el embargo de la FGE a una vivienda ubicada en San Chárbel
Ricardo Holguín / El Heraldo de Chihuahua
El profesor de Contaduría, Jorge Luis C. P., presentó un total de cinco amparos en diferentes meses de este año, para buscar retirar los efectos de los aseguramientos de una propiedad ubicada en San Chárbel, la cual se encuentra en resguardo por la investigación de presunto fraude y asociación delictuosa, que la Fiscalía General del Estado, encontró en la labores de la empresa Aras Investment Business Group.
Se trata de los amparos identificados como 892/2022, 2492/2022, 2516/2022, 482/2022, 1678/2022, todos radicados en los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Chihuahua, donde Jorge Luis, a través de su apoderado Jorge Alberto Rodríguez Meléndez, interpusieron estos recursos en contra de la Fiscalía General del Estado, contra los agentes del ministerio públicos y otras autoridades involucradas.
A pesar del intento de buscar el respaldo de la justicia federal, el profesor de contaduría, no logró conseguir alguna suspensión provisional o definitiva de alguno de los amparos, de acuerdo a la revisión de cada uno de ellos en el sistema judicial federal, que mantiene el registro de cada uno de estos recursos.
Lo anterior data de un conflicto que surgió entre Amando Gutiérrez y el profesor, quien era su asesor y que actualmente es considerado uno de los principales involucrados en los manejos financieros y la presunta estafa que realizaron a través de esta empresa de inversión dentro de la entidad.
De acuerdo con los documentos que obran en El Heraldo de Chihuahua, Jorge Luis intentó adquirir una propiedad a Armando Gutiérrez (como propietario de Aras) en el Fraccionamiento San Chárbel, la cual tiene un costo de 14 millones de pesos y que al momento de su compra, emitió un cheque por 9 millones de pesos, los cuales no contaban con fondos al momento de haber valido este documento.
Es decir, que entre ambos acordaron la venta de la propiedad, incluso iniciaron el proceso de registro ante el Registro Público de la Propiedad, el cual se quedó en un proceso inconcluso ya que los 9 millones de pesos no habían tenido valides ante una institución financiera ya que no contaba con los fondos suficientes para hacer dicha transacción.
Por otra parte, existe información de personas allegadas a Armando Gutiérrez, de que si recibió el efectivo por un millón de pesos para la adquisición de la propiedad de parte de Jorge Luis C. P., pero que no cubría el total del costo de la propiedad, lo cual sería uno de los motivos de distanciamiento entre ambos.
Al no poder concretar la comercialización de la vivienda, fue que Jorge Luis C. P., comenzó a interponer los amparos correspondientes para buscar que la justicia federal libere el domicilio ubicado en San Chárbel ya que alega que el mismo había sido adquirido antes de que iniciara el proceso penal y la investigación contra la empresa Aras.
A través de los amparos, Jorge Luis ha intentado que se “levante” el resguardo judicial a la casa en San Chárbel, para que pueda pasar a ocuparla y con ello poder ponerla en su propiedad, ya que a intentado durante todo el año, que la propiedad está en trámite de registro a su nombre, lo cual sucedió, pero no se concretó por la falta de recurso económico.
Al interior de la Fiscalía General del Estado, se determinó que el profesor de contaduría, si ingresó a uno de los domicilios cuando interpuso un amparo, pero que se trataba de la suspensión provisional, que es una etapa inicial del proceso de amparo, es decir, que es cuando el juez recibe el recurso e impone una “pausa” para analizar las partes.
Sin embargo, luego de que los jueces de distrito analizaran los diversos amparos que interpuso Jorge Luis, determinaron que no había elementos para conceder el amparo y por lo tanto el proceso debería continuar como actualmente se mantiene, es decir con el resguardo de los bienes.
Jorge Luis C. P., interpuso un amparo el 4 de mayo con número 892/2022 en el Décimo Séptimo Circuito del Juzgado Decimosegundo De Distrito contra las restricciones de Miriam Janeth Tarango García, Agente Del Ministerio Público Adscrita A La Unidad Especializada De Investigación De Delitos Patrimoniales, de La Fiscalía General Del Estado De Chihuahua.
El día 29 de noviembre, interpuso el recurso 2492/2022 en el Décimo Séptimo Circuito dentro del Juzgado Primero De Distrito contra el Agente Del Ministerio Adscrito a La Unidad Especializada De Investigación De Delitos Patrimoniales De La Fiscalía General Del Estado.
De igual forma, el día 1 de diciembre Jorge Luis C. P., interpuso el amparo identificado como 2516/2022 en el Juzgado Primero De Distrito en contra del agente Del Ministerio Adscrito A La Unidad Especializada De Investigación De Delitos Patrimoniales De La Fiscalía General Del Estado. El Proceso inició el 01 de Diciembre del 2022 y cuenta con 5 Notificaciones.
Otro amparo encontrado fue el del 11 de marzo con número 482/2022 del Juzgado Primero De Distrito en contra de la Fiscalía General Del Estado De Chihuahua el cual se advierte que transcurrió el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión sin que se haya interpuesto tal medio de impugnación y en consecuencia se declara que dicha sentencia causó ejecutoria, para los efectos legales correspondientes y se sobresee.
El último de los amparos, fue entregado el 9 de agosto, bajo el número de identificación 1678/2022, que fue en contra del Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos, Javier Acosta Enrique Morales Venegas, por desechar una demanda de amparo.
