Las elecciones han concluido, y una aparente tranquilidad flota sobre nuestro entorno.

Sin embargo, se perciben barruntos de descomposición post electoral en algunos estados donde habrían ganado candidatos bajo la alianza PRI, PAN Y PRD.

¿Por qué?

Porque la lucha electoral no ha concluido.

Hoy más que nunca, la judicialización de las elecciones, es un capítulo que todo partido o candidato debe contemplar desde el momento de su postulación.

Este trabajo de anulación se está trabajando ya en varios estados, pero concretamente en Nuevo León donde ganó el candidato del partido naranja y desde luego, en Chihuahua.

Los marucos, por lo tanto, no deberían todavía echar a volar las campanas del regocijo. Esto apenas comienza.

En Nuevo León, está más sencillo de acreditarse, pues el propio candidato ganador, en algún momento de la campaña declaró que entre familiares y amigos suyos habrían aportado más de 20 millones para su causa.

Sin contar la investigación que tiene en su contra la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero.

Estas declaraciones sólo le dan color a la denuncia real, que es la de acusar al equipo de María Eugenia Campos, de rebasar con mucho los topes de campaña.

Y cuestionó a la presidenta del IEE, Claudia Espino, por haber llevado a cabo una reunión con empresarios en Ciudad Juárez, a unas horas del inicio de la jornada electoral, permitiéndoles hacer declaraciones proselitistas contra Morena.

¿En qué carrete va la película? ¿Cómo se documenta esta denuncia? ¿Qué posibilidades tiene de prosperar? Eso lo revisaremos en nuestra siguiente entrega de Cartapacio.