Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy ha presentado un dictamen que atribuye el accidente exclusivamente al “exceso de velocidad”, procediendo con la detención del conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez.

Además, se reportó que las cámaras de vigilancia estaban inhabilitadas por falta de software y que el equipo de radio comunicación era incompatible. En este contexto, culpar únicamente al conductor deja dudas sobre las omisiones en el proyecto maestro y su ejecución. 

A pesar de estas advertencias técnicas y de los indicios de tráfico de influencias, la narrativa oficial ha blindado la figura del “supervisor honorífico”.

El resultado de esta tragedia es el deslinde de quienes participaron de forma extraoficial desde el poder. El tabasqueño Bobby López Beltrán, en términos jurídicos y políticos, la ha librado, y bien. Al menos esta vez.

:LA RÚBRICA