EL 262

La Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Quinto, contiene tres capítulos que comprenden las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos que se pueden aplicar a todos los que intervienen en el trámite de un juicio de amparo, que conforme al artículo 5º son el quejoso que es quien solicita el amparo, la autoridad responsable, que es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que reclama el quejoso, el tercero interesado que puede ser la contraparte del agraviado, la persona que gestionó el acto reclamado o tenga interés jurídico que subsista, la víctima del delito o quien tenga derecho a la reparación del daño, o el Ministerio Público entre otros.

José Abel Campirano Marín

El amparo tiene por objeto evitar que se restrinjan o se vulneren las garantías individuales, los derechos humanos de toda persona o bien que se le restituya en el pleno goce de sus derechos violados y siempre es originado por un acto de autoridad.

Dentro de ese Título quinto de la Ley, en su capítulo tercero relativo a los delitos se encuentra el temido artículo 262.

Este dispositivo establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, entre otras violaciones a la ley.

Es temido por las autoridades porque evidentemente a nadie le gusta que lo destituyan de su empleo, lo multen, lo metan a la cárcel y le impongan una multa y en un caso en el que carece de un interés personal, ya que su intervención en el juicio de amparo es exclusivamente como servidor público.

Lamentablemente, no todos los litigantes conocen o suelen solicitar la aplicación de este dispositivo en los amparos que se les conceden, lo que origina que muchas autoridades señaladas como responsables, incumplan con suspensiones o ejecutorias de amparos, sabedores que no les acarreará ninguna sanción.

No es el caso de los amparos concedidos para los efectos de que se apliquen vacunas a los menores de 18 años y para que el sistema de salud revise el orden de prioridades en la vacunación, puesto que hay un término perentorio para el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en el amparo y si no se cumple con el mandato de la autoridad federal, la autoridad sanitaria corre el riesgo de asumir todas las consecuencias sancionadoras a las que me refería párrafos atrás.

En nuestro sistema procesal, que incluye el procedimiento de amparo existe una serie de medios de impugnación, recursos y defensas que pueden hacerse valer por las partes en cualquier momento en contra de las resoluciones que se pronuncien en el curso del juicio incluyendo la sentencia definitiva.

Pero una vez que ésta se ha pronunciado y tiene el carácter de ejecutoriada, es decir que ya no es susceptible de combatirse por ninguna clase de recurso o medio de defensa o impugnación, no cabe la posibilidad de evitar su cumplimiento por las partes, incluyendo obviamente a las autoridades responsables por lo que en caso de negarse a acatar una decisión de esta naturaleza enfrentarán la sanción contemplada en el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Es una lástima que los mexicanos tengamos que recurrir a un juicio de amparo para lograr que se respete la garantía constitucional del derecho a la salud consagrada en el artículo 4º traducido en la aplicación de una vacuna a la que por humanidad se tiene derecho.

Pero es más lastimoso que la autoridad escatime el cumplimiento de sus obligaciones, pretextando cuestiones administrativas de aprobación de protocolos sanitarios, cuando en el caso de los adultos hay vacunas que ya se han aplicado y carecen de esa plena autorización por la OMS.

Y todavía más lastimoso será que se tenga que destituir, multar y encarcelar a quienes por no cumplir con sus obligaciones legales pierden de vista que están al servicio de los ciudadanos que con sus impuestos los mantienen porque no trabajan gratis.

* Doctor en Derecho

@CampiranoWolf