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Dr. Alfonso Partida Caballero
Integrante del Cuerpo Académico UDG-CA-1164
Con la participación de las Doctoras Alicia Livier Estrada Gutiérrez y Angélica Ceceña Altamirano
Las manipulaciones cometidas por las autoridades encargadas de la investigación criminal de este caso en México generaron consecuencias sumamente perjudiciales para los procesos judiciales, ya que afectaron la legalidad, el debido proceso, la veracidad y la validez del procedimiento penal dentro del sistema acusatorio. Además, provocaron un efecto altamente nocivo sobre el sistema político del Estado, en virtud de que la función pública más importante consistía en garantizar la seguridad y la vida de las personas, mediante acciones que inspiraran credibilidad, apego a la legalidad y uso legítimo de la fuerza, todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y, sobre todo, a la confianza ciudadana en sus instituciones de gobierno.
Las alteraciones ilegales evidenciaron, de forma inequívoca, la descomposición del régimen que las empleó, revelando una violencia institucional desmedida y arbitraria que, tarde o temprano, terminó por exhibir las miserias de los políticos, comunicadores, militantes de partidos en decadencia e intelectuales que, con esfuerzo vano, intentaron justificar lo injustificable, como lo advirtieron ya Franz Kafka y Francesco Carnelutti al ilustrar los excesos de los sistemas penales autoritarios.
El montaje mediático del caso Florence Cassez–Israel Vallarta tuvo un impacto político profundo tanto en México como en la comunidad internacional. Estuvo a punto de desencadenar una crisis diplomática de grandes proporciones entre México y Francia. Este caso no solo evidenció la corrupción en los ámbitos policial, ministerial y judicial durante casi veinte años, sino que también expuso la manipulación del sistema penal y debilitó gravemente la imagen de las instituciones del Estado mexicano, al utilizarse de forma facciosa e ilegal los instrumentos del derecho, los cuales debieron operar como norma jurídica, y no como herramienta ideológica o estrategia política para alcanzar fines ilegítimos.
El uso del aparato de justicia como espectáculo, en contubernio entre autoridades policiacas, ministeriales, judiciales y medios televisivos, constituyó un acto propagandístico impulsado por el gobierno panista desde las esferas de la presidencia. Fue operado por Genaro García Luna y difundido por la empresa televisiva (Loret de Mola), más poderosa del país, en un intento por simular eficacia en el combate al secuestro. Esta estrategia abusiva y falsa produjo una crisis de legitimidad política sin precedentes, especialmente en el sistema de justicia penal, al valerse de prácticas perversas como la fabricación de culpables, la tortura mediática descarada, la violación a la presunción de inocencia, el uso indebido de los medios de comunicación y la instrumentalización del Poder Judicial y de las corporaciones policiacas como entes serviles y manipulables al servicio de intereses políticos sin escrúpulos.
Para la academia, este lamentable caso representa un paradigma del abuso del poder punitivo del Estado, un ejemplo claro de la contaminación del proceso judicial y una ilustración del llamado efecto corruptor. Se trató de un caso emblemático de distorsión penal con fines políticos y mediáticos, que marcó un punto de quiebre político y jurídico, al evidenciar un Estado y un gobierno dispuestos a violar derechos humanos por intereses propagandísticos, lo cual debilitó la confianza internacional y generó la necesidad urgente de una profunda reforma judicial, ministerial y policial.
El paso siguiente debe ser, buscar, por medio del derecho penal y los mecanismos de reparación integral del daño moral, la reivindicación de la imagen del Estado mexicano y de los ciudadanos que fueron víctimas directas de estas arbitrariedades. Resultó imprescindible revisar con rigor el actuar de los responsables en cada una de las instancias involucradas —policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros y actores mediáticos— a fin de garantizar que hechos tan vergonzosos y destructivos no se volvieran a presentar en nuestra nación.
