Alfonso Partida Caballero
La reforma en materia de seguridad y justicia de 2008 se planteó como la más importante desde 1917 en este ámbito, con el objetivo de dar una respuesta puntual a las necesidades de la sociedad. La realidad política mostraba un alto grado de corrupción, una creciente incidencia delictiva, impunidad, desorden, nepotismo y desarticulación entre los sistemas de seguridad pública y justicia. Además, existía una profunda desconfianza ciudadana, acompañada de una constante sobrepoblación y hacinamiento en las prisiones.

El sistema se caracterizaba por la opacidad de los juicios escritos y secretos, la participación limitada de las víctimas y las constantes violaciones a los derechos humanos. La investigación se realizaba con métodos de tortura y trampas legales para llenar las cárceles de jóvenes, mujeres pobres y opositores al régimen, con el pretexto de “funciones por razones de Estado”, mientras los verdaderos culpables quedaban impunes, lo que provocó un crecimiento desmedido de la criminalidad, la inseguridad, la desconfianza y el caos institucional.

La población percibía la injusticia y la podredumbre del sistema, que poco a poco corroía todas las áreas del Estado, incluyendo partidos políticos y gobernantes. Estos, en un inicio, protegieron corruptamente a las mafias delictivas, las cuales terminaron por capturar las instancias gubernamentales, policiales, procuradurías y fiscalías, así como al poder judicial. También se apoderaron de dependencias del ejecutivo, en especial de las relacionadas con obra pública, comercio, distribución de mercancías, inversión y, si se me permite decirlo, hasta del sistema financiero y tributario.

En resumen, la reforma penal en México buscó superar las deficiencias del sistema inquisitivo mixto —como se denominaba al modelo anterior—, un mecanismo que los políticos dejaron agonizar, con la esperanza de cambiar las reglas del juego mediante un sistema “garantista” que respondiera a las exigencias de la sociedad.

En Jalisco hubo una resistencia enorme al cambio. Se dejaron pasar seis años de inactividad, perdiendo valioso tiempo para su implementación. Hubo una descalificación interna del poder judicial y del ejecutivo, lo cual era lógico, pues los partidos políticos, a través de sus fracciones legislativas, el ejecutivo y las mafias judiciales, se repartían descaradamente las magistraturas, juzgados y judicaturas, pero sobre todo los jugosos negocios y la manipulación de los procesos judiciales mediante la asignación de expedientes a jueces y magistrados afines, utilizando las oficialías de partes y la burocracia tanto judicial como ministerial.

El proceso de reforma inició con una fuerte presión en toda Hispanoamérica. En Jalisco no hubo más opción que someterse al cambio, ya que de no hacerlo se habría quedado anclado en la corrupción. La implementación se realizó bajo una estrategia de control de los procesos legales, administrativos y estructurales, con acuerdos partidistas, pese a los cambios de gobierno. Sin embargo, el resultado es que hoy nos encontramos en una situación aún más preocupante, que en algunas áreas incluso supera los vicios del anterior sistema inquisitivo mixto.