La reforma que no llegó

JuanJo Ramos

A pesar de ser uno de los más robustos de Latinoamérica, el sistema político-electoral mexicano tiene aspectos peculiares en su andamiaje debido a su permanente reconstrucción.

Después de la primer reforma en este ámbito, en 1946, desde hace 80 años se han cambiado las reglas del juego y esta serie de reformas han documentado nuestra larga transición democrática, a veces para trazar alianzas políticas, otras para dibujar un tablero a conveniencia y, aunque no parezca, algunas otras más han apuntado a la democratización de los procesos electorales, de las Cámaras y del país en general.

En este último caso, tan solo antes de los años 2000, destacan las reformas de 1953 (que concedió el voto a la mujer), 1963 (incorporación de los diputados de partido), 1977 (contempló el multipartidismo, replanteó las fórmulas de representación y la reorganización distrital), las de 1990 (creación del Cofipe y del IFE) y 1996 (otro replanteamiento de las fórmulas de representación, creación del TEPJF, rediseño de prerrogativas a PP), por citar las más destacadas, por cuestiones de espacio.

Tras este contexto, la nueva reforma electoral que presentó el equipo de la Presidencia no alcanzó a despegar y fueron sus propios aliados políticos quienes la dejaron caer. El famoso bloque de la 4T no avanzó al mismo tiempo, ni es tan sólido como se afrimaba.

La votación que vimos en la Cámara de Diputados no solo es un tema legislativo, es un tema político, porque mientras se saca del cajón el famoso Plan B –que, como en la reforma al Poder Judicial, nunca se descartó– el partido gobernante no ha dejado de preparar la maquinaria para la siguiente elección, es decir, le ponen reglas a un juego que ellos ya están jugando.

Mientras en la Cámara de Diputados se alistaban la discusión y votación, en MORENA ya se habían acordado fechas para las candidaturas de la elección intermedia, y cómo serían elegidos esos perfiles.

En medio de la discusión se puso otra propuesta sobre la mesa, en otra cancha, el Senado de la República. En este sentido, Movimiento Ciudadano tiene una premisa fundamental: abrir un diálogo nacional antes de hacer cualquier ajuste. La iniciativa retoma esa demanda y plantea un cambio en las fórmulas de distribución del dinero a los partidos. Además, se propuso que la edad de votación se reduzca a los 16 años, fortalecer la participación ciudadana, el voto en el extranjero, y el combate al financiamiento electoral ilícito.

Es decir, hay planteamientos compartidos entre partidos políticos, pero únicamente se alcanzarán cuando se apuesta a la pluralidad, la certeza y la confianza, no a los cálculos políticos.

Sin duda, la construcción de la democracia es un trabajo inacabado, pero solo será legítimo bajo principios fundamentales que deben permanecer bajo cualquier circunstancia: pluralidad, confianza y a certeza. Por tanto, sí necesitamos una reforma electoral, pero una que piense en el país que vota y no en el partido que lo gobierna.

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