¿Era necesaria la reforma judicial?
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Guadalajara, 5 de abril de 2026
Este primer domingo de junio, nuevamente la ciudadanía está emplazada a votar. Esta vez para la renovación del poder judicial de la federación y de los poderes judiciales de 16 entidades federativas.
Un ambicioso proyecto que desafortunadamente nació inviable para cumplir con los propósitos que trazó la administración pública federal pasada, y que consistían en el combate a la corrupción, el acercamiento del poder judicial a la población, acelerar los procesos judiciales y lograr que los sueldos de los funcionarios no fueran superiores al del Presidente de la República.
Corrupción. Tan simple como detectar los casos específicos de corrupción, para separar a los funcionarios del cargo, enjuiciarlos y designar unos nuevos. No se hizo. Se prefirió gastar enormes cantidades por una faraónica e ineficiente reforma.
Acercamiento del Poder Judicial. Los jueces siempre han tenido sus puertas abiertas para atender los casos que se les presentan. Lo sé por experiencia propia como abogado postulante. La reforma no ofrece mayor cercanía.
Acelerar los procesos judiciales. La reforma no incluyó modificaciones a las leyes procedimentales para darles mayor rapidez a los juicios; se tardan por la saturación de los casos sometidos a decisión de los jueces y por la gama de recursos, incidentes y medios de impugnación ordinarios y extraordinarios que dilatan los casos justiciables. Cambiar empleados del poder judicial no es garantía de mayor rapidez en los procesos.
El sueldo del Presidente. Funcionarios que fueron designados antes de la reforma que hizo López Obrador, en donde determinó que ningún empleado de la federación podría ganar más que el Presidente, escaparon de los efectos de la ley, por la irretroactividad contenida en el artículo 14 constitucional. Los que fueron designados posterior a esa reforma, ganan menos que el Presidente, por lo que con la reforma judicial no se logra el objetivo porque ya estaba legislado.
Para empeorar las cosas, la dichosa reforma no comprende ni modificaciones a las leyes y a las estructuras de la Fiscalía y las Policías; trunco y fallido el despropósito.
Conclusión. La reforma es inútil y es una mera cuestión política que resume la intención del expresidente de vengarse de quienes lo desaforaron cuando era Jefe de Gobierno en el caso del predio conocido como El Encino, pero a la masa, al pueblo, se le vendió la idea que con la reforma judicial se acabaría la corrupción y todas las demás sandeces que solo son estafas a la bondad del pueblo mexicano que raya en la tontería, por decirlo en términos amables.
Lo peor. Lo peor está por venir. Las elecciones de los nuevos funcionarios van a ser complicadas por el número de boletas que se le entregarán a cada elector, en donde verá columnas, números y nombres que no le dirán nada.
Va a elegir al azar; exactamente como se “eligió” por tómbola a los que participarían, en un acto más propio de una feria de pueblo que de una renovación completa de uno de los órganos de gobierno, el que garantiza la observancia y el cumplimiento de la ley, renovado violando la ley en una antinomia burda y vergonzosa.
Ha costado y costará muchísimo dinero que no debió gastarse y lo peor, si no se logran los números requeridos para que la elección sea válida, el poder judicial seguirá como está y simplemente el gasto enorme en la impresión de más de seis millones de boletas se irá a la basura, se echará la culpa a los neoliberales, a Calderón, a Zedillo, a los enemigos del pueblo y los traidores a la patria.
Foros, mesas redondas, discusiones, conferencias fueron y vinieron, sin embargo todo a la postre no sirvió de nada: el proyecto reivindicatorio y vengativo del expresidente López Obrador siguió adelante sin importarle las consecuencias que le acarrearía a su pueblo bueno y sabio y a sus adorados pobres, adorados, solo en el discurso.
La reforma judicial acarreará mayores perjuicios que los beneficios que aparentemente tendría, reitero, porque con ella no se acabará la corrupción, ni se dará cumplimiento a los anhelos del constituyente de 1917 en el artículo 17 Constitucional, puesto que no será ni gratuita ni expedita ni imparcial, puesto que los grupos de poder que propusieron a sus candidatos, les exigirán el derecho de piso al pronunciar las sentencias, recordándoles que están en el puesto gracias a quien los puso allí.
En suma, una pérdida de tiempo y un completo engaño a la población, que sin embargo gracias a la limosna que, entiéndase bien, procede de los bolsillos de todos y no del gobierno, reciben sus “ayudas” y se mantienen cautivos, bien maiceados votando por quien les digan y a la hora que les digan, porque su cabeza no les da para comprender que son manipulados, porque las “ayudas” no son ni de López Obrador ni tampoco pueden ser revertidas.
Se cumple fiel la norma: “al pueblo, pan y circo” y mientras nos distraen con la cantaleta de la defensa de la soberanía exaltando los ánimos para combatir al extraño enemigo que intenta poner sus plantas en nuestro suelo; un dislate absurdo, pueril y profundamente demagógico.
En resumen y como epílogo: la respuesta a la pregunta con la que intitulo mi artículo: ¿Era necesaria la reforma judicial? Categóricamente, NO.
