Dr. Luis Octavio Cotero Bernal.
Director del Observatorio Académico de Justicia y Seguridad Pública de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara.*
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Me surge esta interrogante ante el desbordado poder del gobierno mexicano y el cinismo absoluto de funcionarios y exfuncionarios, al grado tal que conforme pasan los días, el gobierno federal ya ni tan siquiera menciona el tema del rancho Izaguirre, de tal suerte que el aparente heroico ex gobernado Enrique Alfaro gozando de la más absoluta impunidad al igual que sus ex colaboradores Enrique Ibarra ex secretario general de gobierno, el ex secretario de seguridad Ricardo Sánchez Beruben y demás corifeos, de tal manera que Enrique Alfaro refugiado en su autoexilio en Madrid nos presume públicamente sus logros en su formación académica como Técnico de Futbol y no se diga de Enrique Ibarra, que se rinde sendos honores en su tierra natal Tototlán, que no conozco a nadie que le reconozca mérito alguno y son muchos los tototlenses que se duelen de sus desplantes y arrogancia muy distante de merecer esos homenajes como los que el Congreso del Estado también le ha rendido sin que la sociedad jalisciense hayamos conocido algo en beneficio de la comunidad jalisciense, sino todo lo contrario. Junto con el ex gobernador, el ex secretario de seguridad y el ex fiscal llevaron al Estado a este infame situación de inseguridad que aun se vive, pero que la sociedad hace cinco años sufrió entre otros agravios el de la desaparición forzada de varios jóvenes universitarios y académicos por elementos de la policía investigadora que se encapucharon para realizar semejante crimen que sin registro alguno se atrevieron a encerrar a varios jóvenes en las instalaciones de la Fiscalía de la calle 14 que luego fueron y abandonaron en distintos puntos de la ciudad, situación que el gobernador y fiscal de entones, ni el propio secretario general Enrique Ibarra, tuvieron la honestidad de reconocer tan infame conducta, pero que dio origen a que el mismo gobernador reconociera que la Fiscalía estaba infiltrada y que hasta hoy no hay noticia por ningún medio que esta institución se haya saneado. De lo cual, al igual que el asunto del rancho de Teuchitlán, la Fiscalía General de la República, no obstante de las denuncias puestas por las víctimas de semejante delito como ahora lo hace, igual que el caso de Ayotzinapa, están dilatando la solución o esclarecimiento de los delitos evidentes, imperando, perpetuándose la impunidad criminal que el Estado y la Republica padece, ya que lamentablemente que desde luego no es consuelo, no tan solo Jalisco lo padece y sufre todos los días, sin que hasta el momento, la mentada sabiduría tan llevada y traída del pueblo, haya dado resultado alguno. Pues tal desastre no cambia ni tan siquiera el foro de abogados se manifiesta, no obstante, de que en plena mañana en una zona muy transitada después de haber asesinado a su esposa asesinaron al abogado cuyo nombre se ha mantenido en secreto por parte de las autoridades, pero si debo reconocer la actitud positiva y decidida de la Rectora General de la Universidad de Guadalajara en pro de los intereses de esta y de los alumnos víctimas de desaparición.
El tema del Poder Judicial, en particular de la Federación, que el del Estado es bien sabido que pasa por la peor época de su historia de deshonestidad e incapacidad, desde luego con sus honrosas excepciones, pero es verdaderamente inaudito escuchar a la presidente de la República decir semejante barbaridad de que ha sido todo un éxito y que fue la decisión democrática del pueblo de más de 130 millones de personas que lo componemos y suponiendo sin conceder que hayan acudido a sufragar el día de la elección de Ministros, Magistrados y Jueces 20 millones de mexicanos y que los votos fueran totalmente válidos, aun así según las cuentas alegres del Instituto Electoral, en especial quienes van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Tribunal de Disciplina carecen de toda legitimidad para desempeñar tan relevantes cargos o la trascendencia de su función al ponerse en sus manos el tesoro más preciado del ser humano como lo es su libertad, que el patrimonio aunque es secundario también es relevante para el desarrollo y crecimiento del país.
Es por todo ello que en respuesta al cuestionamiento planteado, es de esperarse ya que la sociedad de manera urgente con la actitud más decorosa ponga un hasta aquí a los excesos negativos de todo el gobierno federal y estatal, pues solo el pueblo tiene la facultad y el deber de hacer cumplir el desempeño del servicio público y el cabal cumplimiento del deber del gobierno.
