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El balance, entonces, no debe ser ideológico, sino práctico. ¿Está funcionando mejor la justicia? ¿Se están resolviendo más rápido los conflictos? ¿Ha mejorado la calidad de las sentencias? Las respuestas, hasta ahora, obligan a la cautela.

Porque al final, más allá de debates políticos, lo que está en juego es algo fundamental: la confianza ciudadana en la ley. Y esa confianza no se decreta; se construye con resultados.

El llamado es directo: mejorar el sistema antes de ampliarlo. La ciudadanía merece una justicia que no solo sea elegida, sino que funcione.