La Ley del Agua: cuando un derecho se convierte en riesgo
Una Voz desde Jalisco
Hay leyes que nacen para garantizar derechos.
Y hay otras que, disfrazadas de modernidad, abren la puerta a la discrecionalidad y al debilitamiento del federalismo.
La reciente Ley General de Aguas, aprobada por la mayoría oficialista, pertenece dolorosamente a esta segunda categoría.
Una ley que excluyó a quienes más dependen del agua
No se escuchó a quienes, desde siglos antes de que existieran los congresos, organizan el agua para sobrevivir, sembrar, vivir y convivir.
La omisión no es menor:
una ley que regula un derecho humano esencial no puede nacer violentando derechos colectivos, ni ignorando a las comunidades que han sostenido los ecosistemas que hoy el país presume proteger.
Centralizar lo que debería democratizarse
La reforma concentra decisiones históricamente compartidas entre instituciones técnicas, gobiernos estatales y usuarios del campo.
Con ello surgen riesgos reales: politización en la asignación del recurso, opacidad en el manejo de concesiones y la tentación de administrar el agua desde un escritorio, lejos de los territorios donde cada litro significa vida o ruina.
México no puede darse ese lujo.
Hoy enfrentamos sequías severas, conflictos por pozos, presas en crisis y comunidades agrícolas al límite.
Por eso es tan preocupante que la ley abra más dudas que soluciones.
El campo, otra vez sin asiento en la mesa
Quienes trabajan la tierra —los pequeños productores, los ejidos, las comunidades rurales— no fueron incluidos en el proceso de discusión.
Sin mecanismos efectivos de participación, quedan a merced de decisiones que podrían afectar sus cultivos, sus ingresos y su futuro.
En un país donde la agricultura familiar sostiene a millones, esta exclusión es injusta e inaceptable.
Desde Jalisco, un llamado a la responsabilidad
Jalisco ha vivido tensiones históricas en torno al agua: el Río Verde, El Zapotillo, las zonas agrícolas que dependen de cada riego para subsistir.
Aquí sabemos que el agua no es un tema técnico: es un asunto de supervivencia y dignidad.
Por eso alzamos la voz:
México necesita una Ley General de Aguas construida con especialistas, con el campo, con los pueblos originarios y con los gobiernos locales, no una ley apresurada que compromete el futuro hídrico del país.
No es oposición: es responsabilidad
El PRI votó en contra, no por cálculo político, sino por responsabilidad constitucional.
Porque defender el derecho humano al agua implica impedir retrocesos.
Porque ninguna ley que excluya a los pueblos originarios, que debilite el federalismo y que abra la puerta a la discrecionalidad puede llamarse justa.
