JuanJo Ramos

Para nadie es un secreto que la 4T dejó de funcionar como reloj suizo: hace apenas unos meses mostró fisuras a partir de la discusión de la reforma electoral, lo que orilló a la Presidencia de la República a presentar un Plan B que tampoco unió a sus aliados en torno al documento.

Como consecuencia, en México tenemos una reforma electoral descafeinada, aprobada en el Senado de la República y con pase a la Cámara de Diputados.

En política la forma es fondo y lo que vimos en la votación del Senado revela más de lo que parece. La construcción de consensos es negociación política, conciliación de intereses y gestión de liderazgos, y si las figuras que representaron el poder presidencial para cabildear sin éxito un tema que les interesaba tanto como la revocación de mandato, alineada a una elección intermedia –históricamente floja en participación–, es un síntoma de que alguno de los componentes falló.

Hay que decirlo: incorporar una revocación de mandato en esas condiciones era algo muy distante de cualquier ejercicio legítimo para fortalecer la participación ciudadana. De esta manera, la reforma electoral se quedó en una fórmula que solo redistribuirá los recursos de operación.

En el papel suena bien: menos gasto, menos privilegios. No obstante, sigue siendo más una operación política que una política per se: no tenemos una reforma de fondo, no se mejoraron las reglas del juego democrático ni el andamiaje de la democracia mexicana, solo cambiará el manejo de los recursos y las voluntades que estos generan.

La propuesta de reforma tocó los sistemas de representación a nivel subnacional: por una parte está la composición de los ayuntamientos para reducir sus cabildos, podrán integrarse con una presidencia, sindicatura y hasta 15 regidurías; y, por otra, está el presupuesto de los Congresos estatales, que no deberá ser mayor a 0.7% del presupuesto total de su entidad federativa.

Se establece, además, que nadie que integre un Consejo o magistratura electoral podrá ganar más que la presidenta de la República, y las y los senadores deberán reducir su presupuesto 15% en un proceso paulatino de cuatro años.

Aunque todos los partidos políticos coinciden en la austeridad como respuesta a una demanda ciudadana, también es cierto que los recortes sin ajustes a la misión y visión de las instituciones pueden volver a estas débiles e ineficientes. Y es que un árbitro electoral no necesita lujos, pero sí condiciones para operar con independencia. Porque cuando el margen operativo se reduce se abre la dependencia política como una vía de supervivencia institucional.

Entonces, ¿qué ganamos la ciudadanía con esta reforma? Porque el Plan B, pese a su contexto, avanza, pero solo en algo que es políticamente rentable y nos deja con una reforma sesgada y cegada por una maquinaria política que no ha sabido detentar el poder dentro de los márgenes de la misma competencia democrática que los puso donde están.