La falta de contundencia en las investigaciones ahonda la incertidumbre entre familiares de los 43 normalistas por desconocer su paradero y lo que ocurrió en ese lamentable episodio que se agrega a las heridas lacerantes del estado de Guerrero sin visos de cicatrizar.

El amplio vacío de información oficial sobre el caso es caldo de cultivo para todo tipo de manifestaciones que pretenden mantener viva la demanda de esclarecimiento y evitar que Ayotzinapa se aloje en la histórica amnesia popular.

Todo esto, aunado a los bloqueos de vías federales y avenidas que ya son un mal endémico extendido de Guerrero a Morelos ya la ciudad de México, resta legitimidad a la búsqueda de la verdad y va en detrimento de la causa normalista.

A siete años del caso Ayotzinapa, el clamor de justicia no debe cejar, pero basta con un homenaje anual a los 43 -mientras siga sin resolverse su paradero- como un verdadero acto para honrar a los estudiantes.

Los bloqueos y las manifestaciones de control a terceros y dañan la frágil economía de un estado que depende del turismo y este escasea ante el difícil momento de la pandemia del Covid-19 que seguimos sorteando.

El vandalismo, robos, secuestros de choferes de autobuses de pasajeros y cierre de vías de comunicación no se justifica como muestra de inconformidad ni protesta social; por el contrario, constituyen delitos que deben ser castigados.

Basta ya de tomar momentos dolorosos para una sociedad bastante lastimada por la violencia como banderas de lucro y provecho político.