México necesita una regulación de telecomunicaciones moderna, sí, pero basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la autonomía de los medios y al acceso libre y plural a la información.
Recientemente se presentó la iniciativa de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque se intenta presentar como un avance técnico y un esfuerzo de modernización, la realidad es que representa un grave riesgo para las libertades fundamentales, particularmente para la libertad de expresión y el acceso libre a la información.
La esencia de esta reforma consiste en otorgar amplísimas facultades a una nueva entidad denominada “Agencia de Transformación Digital”, que estaría bajo control directo del Ejecutivo. Esta agencia no solo administraría el espectro radioeléctrico, sino que tendría la capacidad de otorgar o retirar concesiones, regular medios de comunicación y plataformas digitales e incluso bloquear contenidos. Todo ello sin los contrapesos democráticos adecuados y con un nivel de discrecionalidad que vulnera los principios más elementales de un Estado Constitucional de Derecho.
¿Y qué implica esto? Que un órgano subordinado al gobierno podría decidir, bajo pretextos administrativos, qué se publica, qué se apaga y qué se censura en el espacio público. Significa, en términos claros, abrir la puerta a mecanismos de censura encubierta que, lejos de fortalecer el ecosistema digital y mediático del país, lo pondrían al servicio de intereses políticos circunstanciales.
No se trata de una simple alarma infundada. Organismos nacionales e internacionales, han alertado que esta reforma contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, atenta contra la libertad de expresión y afecta gravemente los derechos digitales de la ciudadanía.
La gravedad de esta iniciativa no radica únicamente en algunos artículos mal redactados —como ha querido minimizar el propio Ejecutivo—, sino en el diseño mismo de la reforma. La concentración de facultades en una agencia dependiente del Ejecutivo federal rompe con el principio de separación de poderes y elimina los mecanismos de vigilancia autónoma e imparcialidad que son indispensables en una democracia plural.
Es necesario señalar que el contexto en que surgió esta iniciativa tampoco justifica su aprobación. El hecho de que se transmitiera en México un spot antimigrante de un gobierno extranjero no puede utilizarse como argumento válido para restringir derechos fundamentales dentro del país. Combatir un acto ofensivo del exterior con censura interna es, sencillamente, inaceptable. No se protege a México restringiendo las libertades de los mexicanos.
La libertad de expresión es un pilar esencial de toda democracia. Permite la deliberación pública, el intercambio libre de ideas y la fiscalización del poder. Socavarla, aunque sea bajo el discurso de la “modernización” o de la “soberanía nacional”, implica un retroceso autoritario que México no puede permitirse.
