Por cierto, la media salarial en Morelos es de 3 mil 997 pesos mensuales, apenas arriba del nuevo salario mínimo y hay por lo menos cinco franquicias que pagan menos de los 3 mil 700.
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Los beneficios económicos del incremento a los salarios mínimos anunciado por el gobierno federal están predicados a la esperanza de consumo que los más o menos 600 pesos mensuales en que se traduce el mismo, verdaderamente concreten la dinamización de la economía a través de la compra preferente de bienes de consumo duradero.
Cierto que se trata de un acto de justicia. Los salarios en México se han mantenido en niveles extraordinariamente bajos, aunque la productividad del país también es extraordinariamente reducida (en Morelos el promedio es de 117 pesos por hora trabajada). Pero un incremento de 20 por ciento en una economía que ha decrecido en el último año, resulta de un riesgo enorme en tanto no hay garantía de que aumentar los mínimos genere algún dinamismo en la economía formal. En términos mensuales, el salario mínimo rondaría ahora los 3 mil 700 pesos, monto que aún no representa una esperanza mayor de compra, en cambio, al ser el mínimo aún unidad de medida para algunos cálculos, como el de la pensión de maestros jubilados que en algunos casos sobrepasará los 36 mil pesos al mes, y que son erogaciones de gasto gubernamental primordialmente.
El problema no es menor, el salario mínimo se puede convertir en una presión inflacionaria en la medida en que se traduciría en una carga adicional de 20 por ciento al gasto en pensiones y jubilaciones de los poderes públicos calculados con esta unidad de medida; no representa, en sí mismo un beneficio mayor para la compra de bienes de consumo duradero (electrodomésticos, automóviles, tecnología, etcétera) que generan un gran número de empleos; podría alentar el consumo en los mercados informales cuya contribución al crecimiento y dinamismo de la economía es mucho menor a los múltiples problemas que genera; y en contraste con la baja productividad registrada en el país, incluso podría generar pérdida de empleos o una mayor ocupación en el mercado informal.
Lo bueno: el incremento podría reducir la pobreza laboral en el país (el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su salario), que actualmente se ubica en mil 576 pesos al mes por persona; y también tiende a reducir la enorme brecha de desigualdad laboral en el mercado formal.
Los efectos positivos del incremento salarial anunciado son, sin embargo, mucho más parte de la escena política que una contribución a la economía. Menos del cinco por ciento de los trabajadores formales en México ganan el salario mínimo, por lo que el impacto real de la medida en la economía resultará poco significativo. En cambio, en el bolsillo de los trabajadores que lo reciban puede resultar un verdadero salvavidas, con una inflación calculada en menos de 4 por ciento para el año, el incremento será de un 16 por ciento aproximadamente en términos reales, lo que significa elevar un poco el poder adquisitivo del sector menos beneficiado en el empleo formal.
