Quien pretenda resolver con un acuerdo simple, o marginando de las decisiones a los alcaldes, el problema de la quiebra municipal, se equivoca rotunda y peligrosamente.
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Desde finales del siglo XX y en los principios del XXI, los presupuestos federales y estatales trataban de fortalecer las finanzas municipales para que los ayuntamientos pudieran cumplir con la dotación de servicios municipales cada vez más costosos. En esta lógica, ciertamente hubo inequidades graves, algunas ciudades recibían muchos recursos y en muchas comunas la contratación masiva de personal con fines políticos y no administrativos, la corrupción, la codicia y el evidente hurto generaron excesos graves que, junto con políticas federales y locales de restricción de fondos a los municipios en la última década, llevaron a muchos ayuntamientos al borde de la quiebra.
Con muy deficiente infraestructura, círculos de corrupción que siguen existiendo, y sin recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones financieras y laborales, las administraciones municipales que iniciaron el primer minuto de este año han hecho esfuerzos notorios en materia de reordenamiento del gasto público, disminución de la deuda pública, combate a la corrupción, pero la política centralista del presidente López Obrador, ha generado una caída en las percepciones municipales, si a ello le sumamos la herencia de pasivos por laudos laborales, y los recortes que el gobierno estatal y los diputados locales han hecho al gasto en municipios por la vía del reordenamiento de cobros y otras técnicas administrativas y la determinación de la Suprema Corte de Justicia que determinó la inconstitucionalidad del impuesto adicional (alrededor del 7 por ciento de los ingresos propios de los municipios); lo cierto es que la discusión sobra el presupuesto 2020 para los municipios, que incluye las leyes de ingresos y egresos de los ayuntamientos, además del presupuesto de egresos estatal, es un asunto sumamente complicado.
A estos problemas que podríamos llamar más técnicos, tendría que sumarse el interés político en algunos sectores del gobierno estatal y de la legislatura de que los municipios tengan menor acceso a recursos para obligarlos a hacer rescates constantes y lucir como los héroes de la triste película morelense (pavimentando calles, rehabilitando redes hidráulicas y de drenaje, y hasta “prestando” dinero a los municipios para cubrir laudos laborales).
Lo escribimos hace unos días y lo repetimos ahora, la falta de recursos en los municipios provocará problemas políticos y sociales graves en muchas demarcaciones. La crisis en los sistemas de agua potable, los problemas de seguridad pública, el escaso crecimiento económico, el ambulantaje, y los conflictos generados por la autorización de usos de suelo y los de límites territoriales, son un caldo de cultivo que podría, en muy corto tiempo, generar movilizaciones en muchas colonias de todo el estado. Esta valoración, lastimosamente, parece estar lejos de la mesa de análisis donde se discute el presupuesto 2020 y que parece estar más movida por el interés político.
