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Dejados a su suerte, los alcaldes de Morelos representan aún, la primera respuesta del Estado ante una población cada vez más exigente y activa. Evidencia de ese abandono a los ediles es la manifestación de 30 presidentes municipales hasta la sede legislativa de Morelos para exigir la aprobación de las propuestas de leyes municipales en las que se incluye la desaparición de los complicadísimos y discrecionales principios de máximos y mínimos, se establece el principio de justicia elemental de tarifas homólogas, y se regulan los descuentos y estímulos fiscales a contribuyentes, medidas con las que se pretende paliar desde los ayuntamientos las pérdidas derivadas de la desaparición del ramo 23 en el presupuesto federal y la declaratoria de inconstitucionalidad al impuesto adicional (que suponía beneficiar a la UAEM, pero muchas administraciones omitían enterar). El problema no es menor, por lo que sorprende el nulo acompañamiento de representantes de los gobiernos estatal y federal. También preocupa el intento de madruguete de algunos diputados que pretendían ignorar las modificaciones propuestas por los alcaldes a sus iniciativas de ingreso.
Un escenario muy probable (aún no inminente) es que eventualmente en el 2020, los municipios se queden sin recursos para mantener los servicios básicos de los casi 2 millones de morelenses; las protestas –que ya empezamos a ver en muchas demarcaciones- arreciarían y la crisis en los ayuntamientos agravaría entonces la ya complicada situación política en el estado.
El cálculo que ha llevado al Ejecutivo y Legislativo a dejar a los alcaldes (algunos se quejan en privado y otros en público, pero no encontramos uno feliz con lo que está ocurriendo) bien podría dificultar las aspiraciones políticas de los 36 ediles, que se juegan sus carreras en la peor época para ser alcalde en Morelos, pero también significaría un riesgo para el gobierno del estado y los legisladores cuya responsabilidad en lo que ocurre, por acciones u omisiones, es perfectamente identificable.
En su informe, el alcalde de Cuernavaca (por cierto, un extrañísimo ensamble que estudiaremos en una entrega posterior) señaló que hoy debe ser administrador de la pobreza, igual que el resto de los ediles, y que la mayoría de los empresarios de Morelos. La disciplina fiscal que han tenido las presidencias municipales durante el primer año (unos por convicción y otros obligados por las circunstancias), han convertido a los cabildos en sitios donde se administra la crisis, se escogen los problemas para resolver con los pocos recursos que se tienen en función más de urgencia social y política que de proyectos a futuro. Esto puede tener consecuencias en el mediano plazo pues niega el futuro de las ciudades y pueblos sacrificando lo importante para atender lo urgente (por ejemplo, dotar el agua en pipas distrae recursos que podrían ocuparse en la rehabilitación de las redes de distribución). En esto, los alcaldes parecen más víctimas que actores, y la responsabilidad bien podría centrarse en el gobierno federal, los diputados locales y el ejecutivo morelense.
