Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
Hay épocas en que la historia avanza con paso solemne; y hay otras, como la nuestra, en que parece correr con la respiración entrecortada, como si la humanidad hubiese entrado en un túnel en el que ve, al mismo tiempo, el resplandor del progreso y la sombra de su propia ruina. Éste es uno de esos tiempos. Nunca habíamos hablado tanto de dignidad, de igualdad, de libertades y de derechos; y sin embargo, pocas veces el mundo había ofrecido un panorama tan desgarrador de la fragilidad humana.
La gran paradoja del siglo XXI consiste en que mientras el lenguaje de los derechos humanos se universaliza, su cumplimiento se desvanece en demasiados territorios de la tierra. La propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que el orden internacional creado para proteger esos derechos se encuentra bajo una presión creciente y que las crisis acumuladas están poniendo en entredicho su eficacia.
¿Hacia dónde camina el mundo? Camina, dolorosamente, hacia una encrucijada. Por una parte, hacia una era de adelantos científicos, inteligencia artificial, innovación biomédica y conectividad sin precedentes; por la otra, hacia una normalización inquietante de la guerra, del desplazamiento forzado, del hambre utilizada como arma, de la tortura, de la persecución política y del debilitamiento de los contrapesos democráticos. El dato es estremecedor. ACNUR estimó que a mediados de 2025, 117.3 millones de personas se encontraban desplazadas por persecución, conflicto, violencia o violaciones a derechos humanos; esa sola cifra bastaría para demostrar que el sufrimiento humano ha dejado de ser una excepción para convertirse en un rasgo estructural del orden contemporáneo.
Basta mirar algunos de los escenarios más crueles del presente para comprender la profundidad de esta crisis. En Sudán, Naciones Unidas ha descrito patrones persistentes de violencia contra civiles, incluidos asesinatos, violaciones y tortura, en un conflicto que se aproxima ya a su tercer año y que ha convertido vastas regiones en territorios del espanto. En Ucrania, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que la violencia relacionada con el conflicto causó en febrero de 2026 al menos 188 muertes y 757 personas heridas, y que el año anterior registró un aumento notable de víctimas civiles. En Myanmar, la propia ONU ha señalado que 2025 fue el año más mortífero para niñas y niños desde el golpe de 2021, con ataques aéreos persistentes contra población e infraestructura civil. Y en Gaza y los territorios palestinos ocupados, diversos mecanismos de Naciones Unidas han denunciado tortura, destrucción masiva de vivienda e infraestructura civil, desplazamientos forzados y riesgos gravísimos para la población palestina.
No estamos, pues, ante una suma aislada de tragedias. Estamos frente a una transformación moral del mundo: la guerra se ha vuelto paisaje; la crueldad, costumbre; y la indignación, muchas veces, un acto efímero. Lo más grave no es sólo que se violen derechos humanos, sino que la conciencia internacional parezca habituarse a ello. Cuando hospitales, escuelas, viviendas, fuentes de agua, redes eléctricas o corredores humanitarios dejan de ser espacios protegidos y se vuelven blancos, la civilización retrocede. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido, justamente, que la destrucción de infraestructura esencial equivale a una guerra contra la población civil, y que el acceso humanitario está siendo restringido de manera crítica en diversos conflictos.
Pero la crisis mundial de los derechos humanos no se agota en los campos de batalla. También se manifiesta en el cierre de espacios cívicos, en la vigilancia abusiva, en la criminalización de la protesta, en la persecución de periodistas, en el uso político de la justicia y en la erosión paulatina de las instituciones llamadas a contener el abuso del poder. Amnistía Internacional ha advertido que, en distintos países, los Estados están instrumentalizando el género, la moral punitiva, la vigilancia y la reducción del espacio cívico como herramientas de control y de silenciamiento. Es decir, el autoritarismo de nuestro tiempo ya no siempre llega con uniforme militar: a veces arriba vestido de legalidad, disfrazado de reforma, arropado por discursos de orden o de seguridad.
En ese espejo convulso del mundo, nuestro país no aparece como una excepción tranquilizadora, sino como una herida abierta. Nuestro país carga desde hace años con una crisis de derechos humanos marcada por la violencia criminal, la impunidad, las desapariciones, los ataques a periodistas, la vulnerabilidad de las personas migrantes, la violencia feminicida y los abusos cometidos por agentes del Estado o tolerados por su debilidad.
Human Rights Watch –organización internacional no gubernamental dedicada a investigar, documentar y denunciar violaciones de derechos humanos– sostiene que la presidenta Claudia Sheinbaum heredó una crisis de derechos humanos arraigada en la violencia extrema del crimen organizado y en abusos generalizados cometidos por policías, fiscales y fuerzas armadas; la organización añade que más de 115 mil personas son consideradas desaparecidas en México. Amnesty International, por su parte, ha subrayado que continúan en grave riesgo quienes buscan a personas desaparecidas, que persisten las detenciones arbitrarias y que la independencia judicial se ha visto amenazada por reformas constitucionales.
Si quisiéramos nombrar el signo más doloroso de la tragedia mexicana, quizá tendríamos que acudir a una sola palabra: desaparición. La desaparición no mata únicamente a quien es arrancado de la vista pública; también condena a las familias a una tortura prolongada, a una espera sin reloj y sin consuelo. En México, buscar a un ser querido se ha convertido, para miles de mujeres y colectivos, en una forma extrema de resistencia moral. No es casual que organismos internacionales sigan exigiendo verdad y justicia, ni que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya colocado el tema de las desapariciones en el centro de sus discusiones recientes junto con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU. El drama de los desaparecidos es la prueba más severa de un Estado cuando no logra garantizar lo más elemental, que una persona pueda vivir sin ser borrada.
A esa tragedia se suma otra que ofende igualmente a la democracia, la violencia contra el periodismo y la libertad de expresión. Cuando se agrede a una periodista o a un periodista, no sólo se ataca a una persona; se hiere el derecho colectivo a saber. Se ha insistido que en México persisten la violencia, la vigilancia y las agresiones contra la prensa, en un contexto en el que el ejercicio de informar sigue siendo de alto riesgo. Sin prensa libre, la sociedad se queda sin espejo; y sin espejo, el poder se contempla únicamente a sí mismo.
También resulta imposible ignorar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo. México es país de origen, tránsito, destino y retorno; y esa condición lo coloca en una posición tan estratégica como humanamente delicada. Amnistía ha documentado retrasos en solicitudes de asilo y condiciones cada vez más peligrosas para quienes esperan respuestas migratorias en la frontera. La crisis migratoria contemporánea no puede leerse sólo con estadísticas o con criterios administrativos: detrás de cada expediente hay una historia de expulsión, miedo, pobreza, persecución o hambre. Allí donde un Estado ve flujos, los derechos humanos obligan a ver personas.
El momento mexicano, además, coincide con un debate profundo sobre la justicia misma. Toda reforma del aparato judicial debe medirse con una vara superior: no por su eficacia propagandística, sino por su capacidad de fortalecer la independencia, la imparcialidad y el acceso real a la justicia. Cuando un país con altos niveles de impunidad toca el diseño de sus tribunales, no está realizando una operación burocrática; está interviniendo en la columna vertebral del Estado de Derecho. Y si esa intervención no se acompaña de salvaguardas robustas, el riesgo es evidente: debilitar precisamente a las instituciones que tendrían que proteger a la ciudadanía frente al abuso.
Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, sería un error concluir que el mundo camina únicamente hacia la derrota moral. La historia de los derechos humanos nunca ha sido lineal; siempre ha avanzado entre retrocesos, resistencias y conquistas parciales. Ahí están las madres buscadoras que se niegan a renunciar a la verdad; las personas defensoras que documentan abusos aun bajo amenaza; las y los periodistas que siguen escribiendo donde otros quisieran imponer silencio; los tribunales y organismos que, con todas sus limitaciones, todavía nombran el horror y exigen rendición de cuentas; y los movimientos sociales que continúan recordándole al poder que la dignidad humana no es concesión, sino fundamento. La ONU ha insistido, precisamente, en que el sistema de derechos humanos necesita ser fortalecido, no debilitado, porque en tiempos de crisis es cuando más indispensable resulta.
México, por su parte, se encuentra ante una definición histórica. O asume con seriedad la crisis de derechos humanos que lo atraviesa —desapariciones, impunidad, violencia contra periodistas, vulneración de migrantes, amenazas a la independencia judicial—, o seguirá administrando el dolor como si el dolor fuera una rutina nacional. La grandeza de un Estado no se mide por la fuerza de sus discursos, sino por su capacidad de proteger a quienes más sufren. Y acaso ésa sea la lección más honda de nuestro tiempo: que el verdadero progreso no consiste en llegar más lejos, sino en no dejar a nadie fuera del camino.
Porque si algo revela esta hora amarga del mundo es que la humanidad no se está jugando únicamente su estabilidad política o su crecimiento económico. Se está jugando su alma. Y una civilización que pierde el sentido de los derechos humanos puede conservar poder, riqueza, tecnología e influencia; pero, en el fondo, ya ha empezado a extraviarse.
De modo que la pregunta inicial vuelve con una gravedad mayor, ¿hacia dónde camina el mundo? Camina hacia donde lo conduzcan sus decisiones éticas, jurídicas y políticas. Puede caminar hacia una era de indiferencia, en la que las guerras se hereden, los desaparecidos se acumulen, la tortura se normalice y la libertad se reduzca a consigna. Pero también puede caminar hacia una reconstrucción de la conciencia humana, si los Estados comprenden que ningún proyecto económico, ninguna estrategia de seguridad y ninguna ambición geopolítica justifican la demolición de la dignidad.
