Por Luz María Figueroa

José Juan Pichardo re reunió en las instalaciones de Transportistas Unidos (TURAM), donde aseguró que la reforma judicial deja en vulnerabilidad a choferes, concesionarios y defensores de derechos humanos, entre otros sectores.

Un golpe a la defensa ciudadana

Impacto directo en el transporte y la economía

“Eso le da al Estado un margen muy amplio para retirar concesiones sin posibilidad inmediata de defensa”, explicó Pichardo, quien también colabora como analista en temas sociales y de derechos laborales.

“En la práctica, significa que una línea de transporte puede ser sacada de circulación de la noche a la mañana, y el dueño o los trabajadores no tendrían protección inmediata para seguir operando, aun si después el acto se demuestra ilegal.”

ONG’s y defensores, con las manos atadas

El cambio en la definición del “interés legítimo” también afecta directamente a las organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y sociales. Las ONG’s solían recurrir al amparo para defender a comunidades enteras o sectores vulnerables cuando una autoridad actuaba con abuso o discrecionalidad.

Sin embargo, ahora, esas organizaciones deberán demostrar una afectación concreta y personal, lo que reduce su capacidad de defensa colectiva.

“Esto limita gravemente la acción de las ONG’s que trabajan por los derechos humanos. Los abusos contra transportistas, comerciantes o trabajadores de plataforma ya no podrán enfrentarse con la misma fuerza jurídica”, señaló Pichardo.

El dirigente social subrayó que la medida “parece diseñada para debilitar los contrapesos ciudadanos y blindar decisiones administrativas que antes podían detenerse por vía del amparo”.

Para Pichardo, el trasfondo de esta reforma no es meramente técnico, sino político.

El riesgo, advierte, es que esta nueva estructura jurídica abra paso a decisiones discrecionales y al uso político de las concesiones y permisos.

“Una autoridad podría suspender una concesión de transporte o revocar una licencia sin temor a que un juez frene el acto de inmediato. En un país donde los abusos administrativos son frecuentes, eso es muy peligroso”, enfatizó.

La reforma también introduce obstáculos económicos para acceder a la justicia. En materia fiscal, por ejemplo, las nuevas disposiciones obligan a garantizar el interés fiscal —con depósitos o cartas de crédito— para obtener la suspensión del cobro de créditos o sanciones.

“Esto pone a los pequeños transportistas en desventaja. Un gran corporativo puede pagar una garantía millonaria; un chofer o una pequeña línea de transporte no”, explicó el dirigente social, quien actualmente cursa capacitación especializada en derecho y en el tema del amparo.

De acuerdo con especialistas, esta medida podría aumentar la desigualdad jurídica: solo quienes tengan recursos podrán frenar temporalmente un acto de autoridad.

La reforma a la Ley de Amparo representa un parteaguas en la relación entre el ciudadano y el Estado. Aunque su discurso oficial busca “ordenar y agilizar” el sistema judicial, en los hechos debilita los mecanismos de defensa que garantizan derechos fundamentales como el trabajo, la propiedad y la libre competencia.

Para los transportistas, moto-repartidores, pequeñas empresas de carga y pasajeros, esta reforma puede significar el fin de la certeza jurídica y del principio de igualdad ante la ley.

Y para las ONG’s y defensores de derechos humanos, implica operar en un terreno más hostil, con menos herramientas para detener abusos.

Como lo resumió José Juan Pichardo, “el amparo no solo era una figura legal: era un escudo ciudadano. Hoy ese escudo se agrieta, y con él, se debilita la esperanza de justicia para miles de mexicanos que viven del esfuerzo diario en las calles, en los camiones, en los repartos o tras el volante”.