Los cambios político-electorales solo son legítimos cuando garantizan a los ciudadanos elecciones libres y equitativas; representación legislativa justa y coincidente con el voto ciudadano y la garantía de una ciudadanía crítica, informada y libre.
A propósito del aniversario de la promulgación de nuestra Constitución se hace necesaria una reflexión sobre el rumbo que ha tomado nuestro orden constitucional con motivo del avance del proceso para aprobar las 18 iniciativas -conocidas como “plan C”- que han sido consideradas como un atentado al espíritu original de la Carta Magna, en virtud de que la mayoría de ellas son contrarias a los principios democráticos al pretender crear condiciones para que un movimiento político permanezca -a toda costa y a cualquier precio- en el poder.
Con una mayoría legislativa que no corresponde a la voluntad de los electores, la coalición gobernante (Morena, PT y Partido Verde) se prepara para modificar las normas electorales. Cuentan con los votos suficientes para hacerlo gracias a que se apoderaron ilegalmente del 73% de curules y escaños a pesar de haber obtenido solo el 54% de la votación; mientras que la oposición con el 46% de los votos en las urnas, solo cuenta con el 27% de representantes populares en ambas cámaras.
Las modificaciones electorales que se pretenden discutir en los próximos días son regresivas al pretender que el gobierno tenga el control de los procesos electorales y con ello incidir en los resultados, además de disminuir los recursos públicos para los partidos políticos, dejándolos a la deriva, expuestos a ser infiltrados por intereses fácticos que no tienen entre sus objetivos el desarrollo democrático, ni el interés general.
El famoso “plan C” fue una convocatoria política, la visión de una persona para controlar el poder, de ahí que incluyó planteamientos que han venido aprobándose en los últimos dos años, algunos de ellos interesantes, en tanto otros con un sentido contrario a los principios constitucionales. Se aprobó el reconocimiento a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público, la garantía de atención médica universal y gratuita, al igual que la educación y el acceso al trabajo.
Sin embargo, también se propusieron cambios que revelan una preocupante ignorancia técnica y científica, como la prohibición del consumo del maíz transgénico, el uso del “fracking” y las operaciones mineras a cielo abierto, así como la utilización de los 18 mil kilómetros de vías férreas para dar servicio de pasajeros. La prohibición del uso de agua en zonas de escasez -excepto para consumo doméstico- representa una afectación directa a la actividad comercial e industrial.
La superficialidad y la perversión se hicieron evidentes cuando se impulsa un cambio constitucional para “elegir” a jueces, magistrados y ministros por “voto popular” a sabiendas que era imposible una elección seria, creíble y útil para ese fin. Ya vimos que la elección judicial fue una simulación afectando la independencia judicial.
Para seguir adelante en el propósito de desmantelar el sistema constitucional, democrático y de derecho, solo falta la reforma electoral diseñada para regresar a los tiempos del partido hegemónico, a las condiciones que tanto criticaron los liderazgos nacionales y regionales de Morena cuando fueron oposición.
En un escenario como el actual, de incertidumbre institucional y ante la amenaza de un retroceso democrático derivado de una reforma electoral impuesta, sin consenso, la sociedad empieza a expresarse para exigir una reforma plural, incluyente, que defienda y garantice la democracia constitucional, las libertades y los derechos políticos.
Las reformas electorales en nuestro país desde 1977 a la fecha son parte de un hilo conductor, de una transición democrática, construida en base al diálogo y el acuerdo entre diversas fuerzas políticas, autoridades y ciudadanía. Ese proceso permitió crear instituciones que ahora están en riesgo de ser debilitadas desde la cúspide del poder.
Defender los principios y valores constitucionales que los mexicanos nos hemos dado, implica alzar la voz desde la opinión pública, la academia, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil para evitar imposiciones y defender el Estado de derecho y la democracia como patrimonio de la sociedad. Actuar ante el riesgo actual no es opción, es nuestra obligación.
