México ya no cuenta con un árbitro electoral imparcial, garante de la legalidad y de comicios transparentes; con la elección de tres consejeros electorales se ha consumado la captura del Instituto Nacional Electoral por parte del gobierno y de Morena. El nuevo Consejo General del INE ahora cuenta con 8 de 11 integrantes que llegaron al cargo por su cercanía con el gobierno y su partido, a pesar de no demostrar idoneidad para el cargo, sin consenso de las fuerzas políticas. Llegaron gracias a la línea política salida de Palacio Nacional para que los ungiera la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

La nueva integración del Consejo General del INE atenta contra la independencia electoral; así lo evidencia el caso de Arturo Manuel Chávez, quien llega como consejero proveniente del gobierno federal: era, hasta la semana pasada, director de Talleres Gráficos de la Nación. Este caso muestra que el INE ya no es imparcial, toda vez que este personaje se inscribió para ser consejero siendo funcionario federal; además, en su historial aparece haber sido asesor de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cuando era alcaldesa de Tlalpan; incluso circulan videos en redes sociales en los que aparece como brigadista solicitando el voto para Morena, razón suficiente para haber sido descartado por no cumplir el perfil de idoneidad que se requiere para integrar un instituto cuyas decisiones deben ser imparciales.

El proceso para elegir a los nuevos consejeros fue opaco; se diseñó y ejecutó a modo para imponer a tres consejeros vinculados al poder. Con esta incorporación se rompen los equilibrios internos del INE; ahora la presidenta Guadalupe Taddei tiene la mayoría que le permitirá tomar decisiones en el sentido que le ordenen desde el Poder Ejecutivo federal.

Es necesario recordar que el Consejo General toma decisiones importantes en materia electoral a grado tal que, en sus próximas sesiones, decidirá sobre el registro de nuevos partidos políticos con miras a los comicios del próximo año, siendo predecible que avalarán a aquellas nuevas formaciones políticas que resulten cómodas al gobierno y se buscará frenar a las que resultan incómodas. También es la instancia que vigila los actos anticipados de campañas para generar ventajas a ciertos candidatos y partidos; se espera que sean laxos con los aspirantes de Morena y severos con los de oposición.

La intervención del gobierno en las elecciones, el uso de programas sociales con fines electorales y la fiscalización de gastos de campaña serán otros asuntos sobre los que tomarán acuerdos los 11 consejeros. No es iluso pensar que, antes de pronunciarse en cada caso, los 8 ligados al oficialismo evaluarán cada caso para evitar votaciones que puedan causar molestias a la cúpula que avaló su nombramiento.

Hasta aquí hemos descrito un comportamiento previsible del Consejo General; sin embargo, no todo está perdido: aún hay esperanza en que el INE organice, conduzca y concluya un proceso electoral apegado a la Constitución y a las leyes electorales. La confianza para que ello suceda está depositada en las 2,500 personas que integran las 32 juntas estatales y las 300 distritales del INE, la mayoría provenientes del Servicio Profesional Electoral del país. El mayor porcentaje de estos funcionarios ingresaron al instituto después de un proceso de selección en base a conocimientos sobre la materia electoral. Además, serán ellos quienes recluten a quienes estarán en cada una de las casillas, donde ciudadanos comprometidos con la democracia y su país realizarán el conteo y cómputo de los votos.