Someter la figura presidencial al juego electoral sin medir consecuencias está lejos del espíritu democrático, se acerca más a una práctica de los regímenes populistas y demagogos. El plan B no tiene objetivos claros, ni razón de ser.
El congreso rechazó la reforma electoral de la presidenta de la República por considerar que su contenido constituía una regresión democrática y la intención de instaurar un sistema de partido único, debilitando a los actores políticos distintos a Morena. Esa derrota movilizó a los inquilinos del palacio nacional y con el visto bueno del ocupante de una finca del sur del país, presentaron otra propuesta para suavizar los efectos del descalabro, surgiendo así el “plan B”.
En su primera propuesta que no alcanzó los votos requeridos para modificar la constitución debido a la falta de consensos al interior de la coalición gobernante -negándose el partido verde y el partido del trabajo a sumar sus votos a los de morena- en razón de que la propuesta afectaba sus intereses al pretender modificar el sistema para elegir a los 200 diputados de representación proporcional, desaparecer los 32 senadores de listas de los partidos, disminuir un 25% las prerrogativas económicas de los partidos, así como reducir la estructura y los recursos económicos del INE.
El plan B es una reforma menor, no se puede considerar una reforma política, tampoco mantiene el nivel de reforma electoral, puede incluso ubicarse como una reforma de carácter administrativo, siendo su propuesta central reducir los presupuestos de los congresos estatales y disminuir el número de regidores en los ayuntamientos del país. Nuevamente prevalece la lógica centralista, de control político total. En nuestro sistema federal, cada entidad federativa decide de manera autónoma el presupuesto de sus poderes legislativos, es una facultad reservada para la competencia de los estados. Cuando se busca mantener una narrativa populista de supuesta austeridad, no importa si se viola la soberanía y autonomía de los Estados.
El otro tema de cierta relevancia es la posibilidad de adelantar la revocación de mandato del titular del poder ejecutivo federal, toda vez que la disposición constitucional actual señala que será hasta el cuarto año de mandato cuando se puede organizar la revocación. En la iniciativa se propone que sea al tercer o cuarto año cuando se pueda realizar dicho ejercicio. Lo que busca la elite de Morena es que la presidenta aparezca en la boleta electoral del 2027.
Esa decisión contiene un riesgo para la figura presidencial, puesto que la supuesta alta aprobación de la que hoy goza la presidenta puede venirse abajo de manera estruendosa por la falta de cálculo. El próximo año además de la renovación de la cámara de diputados, también se elegirán 17 gubernaturas y la mayoría de los congresos locales. De manera particular en algunos estados hay pésimos gobernadores y gobernadoras de Morena, con malos resultados en seguridad, obra pública, educación, salud, combate a la corrupción; por eso es fácil captar que en varios de ellos los electores buscarán una alternativa distinta a Morena. Ante la posibilidad de perder gubernaturas y por ende distritos electorales federales, los estrategas electorales del régimen pretenden cambiar la narrativa de la elección del próximo año para plantearle al ciudadano que la elección se trata de decidir si se quiere que la presidenta siga en el cargo o deje el poder. Parten de la creencia de que los porcentajes de aprobación presidencial que publican algunas encuestadoras se podrá trasladar de manera automática a las urnas a favor de morena. Este puede ser un error de cálculo con graves consecuencias.
La figura presidencial no debe utilizarse para conseguir fines electorales de un partido o movimiento. La figura presidencial está para unir a todos los mexicanos, para encontrar soluciones ante un entorno internacional incierto, una economía estancada, un deterioro grave de los sistemas educativo y de salud, la falta de inversión privada suficiente para abrir nuevas fuentes de empleo, para modernizar la infraestructura de comunicaciones y de energía del país. En una contienda desvirtuada de revocación de mandato es mucho lo que arriesga la presidenta, ahí está el ejemplo de Oaxaca, donde el gobernador creía que era aceptado, la sociedad salió a votar para que se fuera, por ello se vio en la necesidad de recurrir a triquiñuelas fraudulentas para sostenerse en el cargo, en el que permanece, pero, ahora sin legitimidad social y política.
