El Presidente improvisado (28 de 38)
* Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Email: elpozoleunam@hotmail.com
Luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Carlos Salinas de Gortari le impuso al PRI la candidatura de Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL) quien en su administración siempre había sido un colaborador incondicional, primero como secretario de Programación y Presupuesto y después como titular de la SEP. Finalmente, en diciembre de 1993, dejó ese cargo para convertirse en el coordinador de la campaña presidencial de Colosio.
Ernesto Zedillo fue un candidato improvisado que contaba con una trayectoria relativamente similar a la de su antiguo jefe: era un economista, egresado de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, tenía estudios de posgrado en el extranjero y nunca antes había ocupado un cargo de elección popular. En síntesis, era un funcionario con una trayectoria muy gris y tecnocrática.
El 21 de agosto de 1994 se llevaron a cabo las elecciones federales con la participación de varios candidatos presidenciales dentro de los que destacaban tres: Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos. Fueron precisamente estos tres los que protagonizaron el que de hecho fue el primer debate televisado de candidatos presidenciales habido en México.
Los comicios de 1994 le dieron al entonces partido oficial, además de un holgado triunfo de su candidato presidencial, 300 diputaciones, el 60% de la Cámara Baja y 95 (74.2%) de los 128 escaños de la Cámara Alta. Mientras que de las 200 diputaciones restantes, 119 fueron para el PAN; 71 del PRD y 10 del Partido del Trabajo. Otros partidos no alcanzaron el porcentaje de votación mínimo para tener derecho a diputaciones plurinominales.
El primero de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo tomó posesión de su cargo. Al igual que sus antecesores, también integró su gabinete mayoritariamente con tecnócratas, quienes continuaron con la instrumentación del modelo neoliberal. Fue así como se aplicaron entre otras, una serie de medidas que siguieron afectando significativamente a la población: Se redujo el gasto social, se aumentó el IVA del 10% al 15%; se privatizaron los puertos, aeropuertos, satélites y Ferrocarriles de México; se rescataron las grandes empresas carreteras, se privatizó el sistema de jubilaciones dando origen a las afores.
Simultáneamente, el precio del dólar ascendió de 3.37 a 9.48 pesos; el número de mexicanos desempleados o subempleados aumentó a 28 millones; el salario mínimo perdió el 30.13% de su poder adquisitivo; la deuda total de México ascendió a 265 mil millones de dólares. Igualmente y ya desde entonces, Ernesto Zedillo, pretendió privatizar la industria petroquímica y eléctrica, aunque gracias a la movilización social esa intención no prosperó.
Empero, el hecho económico-social más trascendente de la administración zedillista, fue, sin duda alguna, el caso del FOBAPROA, mismo que posteriormente se transformó en el IPAB, luego de que, en diciembre de 1998, el gobierno determinó mandar al Congreso de la Unión el monto de una deuda privada de un puñado banqueros que ascendía a 100 mil millones de dólares, mismo que, finalmente, fue convertido en deuda pública, gracias al voto de los diputados del PRI y el PAN, estos últimos coordinados por Felipe Calderón Hinojosa. A partir de esa aprobación, todos los mexicanos se convirtieron en deudores. Se trató, pues, de la estafa del siglo.
Por otra parte, es de destacarse que, independientemente de la indiscutible legitimidad que Ernesto Zedillo obtuvo en las urnas, casi de manera inmediata su mandato comenzó a deslegitimarse debido a una serie de problemas de carácter económico y político. Así, el primer acontecimiento con el que el gobierno se enfrentó fue el 20 de diciembre de 1994 cuando se dio a conocer la determinación de elevar la banda superior de deslizamiento del peso frente al dólar, generando una crisis económica sin precedente en la historia nacional. Esta fue una devaluación de la que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se culparon mutuamente.
Igualmente, la situación sociopolítica del país se vio significativamente agravada luego de que, el 31 de enero de 1995, el Presidente, dio a conocer ante la opinión pública, el hecho de haber descubierto la identidad de la dirigencia del EZLN iniciando a su vez una fuerte ofensiva política y militar en contra del núcleo guerrillero con la que de hecho buscaba aniquilarlo. Empero, la inmediata movilización de la sociedad civil, nacional e internacional, detuvo esa ofensiva.
De nueva cuenta la situación política del país tendió a complicarse cuando el 28 de febrero de 1995, el gobierno federal detuvo y encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor de su antecesor, quien fue acusado tanto de haber sido el autor intelectual de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu, así como de enriquecimiento inexplicable tras haberle encontrado diversos depósitos bancarios en instituciones extranjeras. Como era de esperarse, la medida provocó una fuerte reacción en el expresidente Salinas, quien para contrarrestar las acciones de su antiguo colaborador, así como por el hecho de haber sido considerado el culpable del llamado “error de diciembre”, llevó a cabo una “huelga de hambre” que, aunque sólo duró unas cuantas horas, tuvo una amplia difusión mediática. Pese a ello, Salinas de Gortari no logró ni la excarcelación de su hermano ni tampoco detener el acelerado deterioro de la imagen pública de su gobierno y su persona.
Por otra parte y como consecuencia de la aplicación de un modelo económico a todas luces excluyente y así como en su momento aconteció con los regímenes de De la Madrid y Salinas, durante el sexenio zedillista también ocurrieron una serie de acontecimientos de diferente tipo y magnitud que poco a poco fueron coadyuvando a deteriorar cada vez más el ya de por sí fragmentado tejido social del país. En esta tesitura se ubica la actividad de la llamada delincuencia organizada (narcotraficantes y secuestradores), que siguió creciendo significativamente y hasta se involucraron algunos gobernadores y jefes militares.
Asimismo, durante el sexenio zedillista tuvieron lugar por lo menos cuatro masacres. La primera de éstas fue la que tuvo lugar durante el verano de 1995, en la localidad de Aguas Blancas, Guerrero, cuando 17 campesinos que se dirigían a una manifestación de protesta fueron asesinados tras haber sido emboscados por la policía de ese estado gobernado por Rubén Figueroa (hijo), quien después de los hechos se vio obligado a renunciar. Igualmente, en diciembre de 1997, en el poblado de Acteal, Chenalho, Chiapas, grupos paramilitares priistas, con el apoyo de la policía del estado, asesinó a 45 indígenas tzotziles; el 9 de junio de 1998, en la escuela del poblado El Charco, Guerrero, el Ejército ejecutó a 11 campesinos acusados de ser guerrilleros y finalmente, el 10 de junio de ese mismo año, miembros del Ejército y policías chiapanecos, asesinaron a 8 pro zapatistas pertenecientes al municipio de El Bosque.
En la misma tendencia represiva, durante la madrugada del 6 de febrero del año 2000 la Policía Federal Preventiva (PFP) tomó por asalto tanto la Ciudad Universitaria, como todas las demás escuelas y facultades de la UNAM ubicadas en diferentes partes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con el fin de romper una huelga que había estallado el 20 de abril de 1999 para protestar por una serie de medidas de corte neoliberal que el Consejo Universitario de esa casa de estudios había aprobado sin el consenso de la comunidad universitaria. Luego de esa acción represiva fueron detenidos y encarcelados cientos de estudiantes de los diferentes planteles universitarios.
Es importante destacar que desde que Ernesto Zedillo tomó posesión de su cargo y con el fin de contrarrestar la acelerada descomposición política y social del régimen priista, hizo un llamamiento para realizar la que según él sería la “reforma electoral definitiva” que acabaría con los pendientes en las reformas político- electorales que se habían realizado durante los tres sexenios anteriores. Con ese fin surgió el llamado “Seminario del Castillo de Chapultepec” en el que participaron los dirigentes de los principales partidos de oposición y los consejeros ciudadanos (electorales), cuyos acuerdos deberían salir por consenso de los participantes.
Fue así como se logró establecer una agenda de 96 acuerdos básicos en materia electoral y reforma del Estado. Entre otros, un financiamiento más equitativo entre los partidos y, ante todo, la autonomía total del IFE, con la total exclusión de la Secretaría de Gobernación.
Una vez que estos acuerdos fueron consensuados y con la activa participación de la Secretaría de Gobernación, los participantes en el Seminario invitaron al PRI a que se sumara a los mismos. Éste, sin embargo, rechazó casi las dos terceras partes de los mismos y sólo aceptó alrededor de 30 de los 96 acuerdos; la mayoría de ellos enmarcados en el ámbito de la reforma electoral y ya no tanto en la agenda de la reforma del Estado. Pese a ello, lo importante de todo esto es que fueron acuerdos de todas las fuerzas políticas y del propio gobierno.
