Diputada propone adicionar la Ley de Asistencia Social

El propósito que se persigue con la reforma es que todas las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de asistencia social, en especial los que se encuentren en situación de riesgo

Sughey Torres — La diputada apuntó que hay una deuda que viene de años por parte del Gobierno Federal / Foto: Cortesía | Congreso de Durango

Belem Hernández / El Sol de Durango

Niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de cualquier tipo de explotación, deben ser considerados para recibir los beneficios de la asistencia social, señaló la diputada Sughey Torres a nombre de los diputados del PRI.

Al proponen adicionar la Ley de Asistencia Social, la diputada expuso en tribuna los motivos del proyecto de Iniciativa para adicionar la Ley en mención, con el fin de que se proteja con los servicios que se otorgan, a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas del tráfico de personas, pornografía y comercio sexual.

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Con la adhesión al planteamiento por parte de legisladores de otros partidos, las enmiendas al precepto consideran asimismo a huérfanos, e hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones extremas de pobreza.

El proyecto de enmienda al marco jurídico de la asistencia social, también se incorpora a dependientes económicos de personas desaparecidas, así como a las madres adolescentes en condiciones de embarazo.

El propósito que se persigue con la reforma, una vez que sea dictaminada y puesta a consideración del pleno para su aprobación, es que todas las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de asistencia social, en especial los que se encuentren en situación de riesgo por

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Desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; maltrato o abuso; abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos; ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; vivir en la calle; trabajar en condiciones que los afecten física y mental; ser infractores y víctimas del delito; hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en extrema pobreza; migrantes, repatriados y damnificados de conflictos armados y persecución étnica y religiosa.