A propósito

Recado a proponer reformas a la ley de amparo

Tiene razón la gobernadora sonorense Claudia Pavlovich y algunos de sus colaboradores al quejarse del juicio de amparo.

El otorgamiento de éste a los padrecistas impide en gran medida que los pillos del sexenio pasado vayan a dar a la cárcel por sus actos de corruptelas y larga cola de latrocinios cometidos en contra del erario público.

Jueces de distrito hay que sin mayor trámite les conceden amparos con una inmediatez que dan mucho de qué hablar. La justicia que los sonorenses esperaban se ve truncada por esos trámites conque los padrecistas entorpecen y hacen tardío su ingreso a la cárcel.

Habrá que reconocer por otro lado que el amparo está diseñado para obtener la protección de la justicia de la Unión contra actos arbitrarios o ilegales, -ya no se diga inconstitucionales-, de alguna autoridad.

Pero también habrá que decir que la ley de amparo no es tan laxa como para que se pueda utilizar sin límite alguno.

Por ejemplo, existen algunas limitaciones importantes en materias como la fiscal y la aduanera, donde el amparista o quejoso sufre las de Caín para obtener su protección, donde no existe, por ejemplo, el principio erga omnes, es decir, la protección para todos los hombres sino sólo para quien lo ha promovido. Tampoco existe la suplencia de la deficiencia de la queja como existe en otras materias. Aquí no cabe por ser de estricto derecho.

Claro, es de entenderse que lo que la Ley protege es el interés superior de la nación, como es el interés fiscal. Con ese similar propósito debería promoverse una reforma a la ley de amparo para aquellos casos donde se vean involucrados servidores públicos que hayan sido descubiertos en algún ilícito en contra del patrimonio de los ciudadanos.

Si los jueces de distrito no anteponen en la práctica el interés superior de los sonorenses, para negarles el amparo a dichos pillastres padrecistas desde el momento de su interposición, bien harían las autoridades de Sonora en promover ante la Legislatura Federal una reforma a fondo.

Esa reforma especificaría que todo aquel servidor público que llevara a cabo un delito por comisión o por omisión en contra del interés supremo de la sociedad sonorense no será beneficiario del juicio de amparo.

Con la salvedad de que demuestre en la propia interposición de la demanda y de manera fehaciente, previa y suficientemente, violaciones muy graves por parte de la autoridad, en contra de su persona, de sus bienes, propiedades, posesiones, documentos, vida o libertad. Si desde un inicio no demuestra ello, el amparo se desechará sin mayor trámite.

Así se evitarán tantos amparos al por mayor que entorpecen la buena marcha de los asuntos y que además llenan los juzgados federales de trabajo innecesario, distrayéndolos de atender lo que realmente interesa.

Con ello se paliará la serie de picaradas que mucho quejoso o impetrante de garantías realiza al demandar el amparo de la justicia federal con sólo mencionar que le andan rondando su casa unos sujetos que dijeron ser policías ministeriales y que tiene el temor fundado de que pueda ser detenido en violación a la Constitución.

El erario público que, en su mayoría, está integrado por recursos públicos aportados por la sociedad sonorense tiene carácter de interés público, y éste debe prevalecer sobre el particular. Y particulares son los pillos que se robaron dichos recursos.

Así que, amable lector, el interés público prevalece sobre quienes hoy son perseguidos por la justicia.

Y la ley de amparo y los juzgadores federales deben velar por los intereses de todos y cada uno de los sonorenses, puesto que es evidente que tales recursos dejaron de ser particulares cuando se ingresaron a la administración pública donde fueron dilapidados por la banda padrecista.

Así que digan lo que digan los que opinan lo contrario, de que el juicio de amparo es el instrumento histórico con que cuentan los mexicanos -porque bla, bla, bla-, no lleva a ningún lado si no lo dinamizamos, ya que el mismo acepta por su propia naturaleza cambios de acuerdo a la dinámica de la propia sociedad.

Y ese dinamismo, amable lector, se lo reclama e impone la propia sociedad sonorense que se ve agraviada al darse cuenta que el juicio de amparo protege a los pillos del PAN.

O usted, ¿qué opina amable lector?

El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios estados y articulista en diversos periódicos del país.

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