Inicio estas líneas patentizando mi solidaridad para los familiares y los amigos de quienes desgraciadamente perdieron la vida en Tlahuelilpan. Mi abrazo respetuoso en estos momentos de duelo. Estoy convencido de que habrán de sortear esta desgracia en unidad social. En elDiario Oficial de la Federación, en la edición del día 10 de junio de 2011 se publicaron las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos.
El propio Capítulo Primero del Título Primero cambió de denominación y ahora rige y se llama “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. A partir de ese año, por disposición de nuestra ley suprema se nos coloca a las personas, a los ciudadanos, a los mexicanos y a quienes se encuentren en su territorio, en el punto central de la actividad del Estado Mexicano.
El Estado, es decir, los gobiernos federal, estatales y municipales, con sus órganos desconcentrados o descentralizados; los Poderes Legislativos y Judiciales de la Unión y de las entidades federativas; los órganos autónomos constitucionales, la población que habita en este gran territorio.
El Estado lo conformamos todos. Haber logrado que en nuestra Constitución (después de 100 años de vigencia) se consagraran los derechos fundamentales como Derechos Humanos obliga al Estado mexicano a su salvaguarda por encima de ideologías o de modismos en el ejercicio de gobierno.
En los Estados Unidos Mexicanos, dicta el artículo 1 de la Constitución, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Esto lo abordo porque en estos tiempos de la discusión por la aprobación de la Guardia Nacional, para el combate de los delitos, se requiere de un aparato policial y de procuración de justicia firme, que dote de resultados en cuanto a detenciones de los criminales relacionados a los ilícitos, pero también en tareas operativas con garantías plenas para las y los mexicanos.
Derivado de la lamentable explosión de una toma clandestina colocada en un ducto Tuxpan-Tula en su tramo San Primitivo, Tlahuelilpan, es imperante reconocer a las instituciones mexicanas el respeto a los derechos humanos en el mismo contexto de la tragedia ocasionada en el fenómeno creciente de robo de hidrocarburos. Aspecto de gran importancia en esta contingencia, ha sido el puntual desdoble de atención y de coordinación entre el presidente López Obrador y el gobernador Omar Fayad y sus equipos de colaboradores.
Fuimos testigos que todas las autoridades e instituciones promovieron, respetaron, protegieron y garantizaron los derechos humanos en el entorno de la conflagración sufrida. Para sociedad y gobierno, se ha asumido como una obligación inaplazable del Estado mexicano combatir todo tipo de delitos, pero esta tarea debe ser con una estrategia integral de diversas aristas, que provea de mecanismos o instrumentos que sirvan para abatir la conducta delictiva que produce un quebranto al fisco federal.
Hidalgo tiene en su territorio asentada la Refinería Miguel Hidalgo de Tula. Somos un estado privilegiada por cuanto a ubicación geográfica y logística se refiere. Integramos la megalópolis del Valle de México y así el desarrollo social y económico de la sociedad hidalguense debe ir aparejado del respeto a los Derechos Humanos, por autoridades y la propia gente, por todos nosotros, los ciudadanos que queremos un estado fuerte, en crecimiento, seguro, competitivo y respetuoso de los derechos humanos.