La legalidad de la consulta

Por Carolina Viggiano Austria

En marzo de 2014 fue publicada la Ley Federal de consulta popular, un ordenamiento histórico que dio a las y los mexicanos la posibilidad de tomar decisiones acerca de los asuntos públicos.

A través de esta Ley Federal se regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular. Se trata de un mecanismo de participación cuya organización está a cargo del INE, mediante el cual la ciudadanía expresa su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

De acuerdo con este ordenamiento, la relevancia de los temas que sean propuestos para consulta será" calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá" la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado es vinculante, es decir obligatorio, para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, lo que garantiza que las decisiones sean tomadas por un segmento importante de la población, como ocurre, por ejemplo, en una elección presidencial.

Estos días ha corrido mucha tinta acerca de este tema, ya que este fin de semana se realizó una consulta, convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para decidir dónde ubicar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, si en Texcoco o en la Base Área de Santa Lucía, misma que, al no haber seguido el procedimiento que señala la ley, puede catalogarse como ilegal.

En total se instalaron mil 73 mesas, distribuidas en 538 municipios de las 32 entidades del país; sin embargo, no fue organizada conforme al procedimiento legal, el INE no formó parte de ella y la votación dista mucho de ser representativa de toda la población.

Con independencia del resultado, es importante que todo procedimiento que implique tomar decisiones de trascendencia nacional se lleve a cabo conforme la ley, eso nos permitirá fortalecer nuestra democracia, máxime cuando el propio resultado de la elección presidencial dejó claro la fortaleza de nuestras instituciones y del Estado de Derecho en México.

El propio presidente electo anunció que propondrá una reforma Constitucional para eliminar candados al procedimiento de consulta, al tiempo que elogiaba la consulta realizada al margen de la ley con motivo del aeropuerto, lo que resulta contradictorio.

Morena tiene mayoría en el Congreso, por lo que esa iniciativa de la que habla podría enviarla como preferente una vez iniciada su administración, lo que agilizaría su aprobación y, entonces, organizar una consulta que se realice a través del INE y arroje, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad de la población, de lo contrario no seguiremos avanzando en la consolidación de nuestra democracia y por el contrario, lo único que generamos es incertidumbre ante los mercados, desaliento hacia nuestra democracia y pérdida de confianza que tanta falta hace para construir.