En el siglo pasado, imperaba en México un régimen en el que el Presidente de la República gozaba de amplios y ambiguos poderes que a pesar de no estar contemplados expresamente en la Constitución, formaban parte de una idea compartida por actores políticos y sociales de que se trataba de auténticos derechos del titular del Ejecutivo federal y podía ejercerlos sin ningún contrapeso.

Estas facultades metaconstitucionales fueron abordadas ampliamente desde el punto de vista académico. Daniel Cosío Villegas, uno de los “siete sabios” de México escribió en relación a los poderes casi ilimitados del Ejecutivo, que el presidente Echeverría había propiciado la idea de que sus colaboradores comparecieron ante el Congreso de la Unión y que en los círculos parlamentarios se consideraba que tal intención era más una “graciosa concesión del Presidente”, que una obligación que la Constitución le imponía.

Es así como Cosío Villegas relata en su célebre libro “El estilo personal de gobernar”, como el Presidente de la Cámara de Diputados agradeció y reconoció públicamente que el presidente Echeverría hubiera “autorizado” que el Secretario de Gobernación acudiera al recinto legislativo a informar sobre el estado de la Unión. En el México actual, informar a la ciudadanía ya no es una “graciosa concesión” de los funcionarios públicos, sino una obligación constitucional y moral que asumimos con orgullo aquellas personas que tenemos el honor de servir.

Las mexicanas y los mexicanos hoy esperan evaluar a sus servidores públicos a través de los resultados que entregan, de las acciones ya realizadas, no mediante las promesas vacías de lo que apenas se “va a hacer”. Con este postulado en mente hemos trabajado en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República y en la Comisión de Justicia de la cual tengo el privilegio de presidir.

Desde 2018, año en el que el pueblo de Hidalgo me eligió para ser su representante ante la Federación, he participado en la aprobación de 15 reformas constitucionales y 75 reformas legales, en la expedición de 9 nuevas leyes y 22 decretos, en la ratificación de 9 tratados internacionales, así como en la designación de más de 380 servidores públicos, entre los que destacan: ministros, magistrados, embajadores, comisionados y fiscales.