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PARTÍCULA_RIZANDO
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Hidalgo, 13 de abril de 2026
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La Encuesta Nacional sobre la Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019 llevada a cabo por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reveló algunas cifras muy interesantes sobre la revocación de mandato, un mecanismo democrático inédito en nuestro sistema político, que podría activarse el próximo año a nivel federal si se actualizan los presupuestos contenidos en el artículo 35 constitucional.
El 76.5% de las personas entrevistadas se encuentra de acuerdo con la revocación de mandato, en tanto que el 18.6% dijo estar en desacuerdo. De este grupo minoritario la mitad respondió que su renuencia a la revocación se debía a que las autoridades deben cumplir el mandato para el que fueron electas sin interrupciones.
Solo un pequeño porcentaje de las personas que no están de acuerdo, el 7%, es por los supuestos altos costos que representaría la organización del ejercicio, mientras que el 25% consideró que se provocaría una crisis política que afectaría a la nación. También se resalta que el 11% considera innecesaria la figura porque se puede “castigar” en las siguientes elecciones.
La Constitución prevé que la revocación de mandato será convocada por el Instituto Nacional Electoral a petición de al menos 3% de las personas inscritas en la lista de electores, que a su vez deben provenir de al menos 17 estados y que también deberán representar el 3% de la lista nominal a nivel local. En concreto deberán firmar 2 millones 700 mil personas.
Durante 2019 en el Congreso de la Unión, los integrantes de la mayoría de los grupos parlamentarios coincidimos en que la fase de activación de la revocación debía ser detonada por la voluntad popular, como finalmente se materializó en el texto constitucional. Esta decisión legislativa ratificó que la revocación del mandato es una potestad exclusiva de la ciudadanía.
Al respecto el 77% de las personas refirió estar de acuerdo en que la ciudadanía convoque a la revocación de mandato a través del INE, coincidiendo con el razonamiento legislativo relativo a que esta herramienta es eminentemente política y conlleva el ejercicio del derecho que la sociedad tiene de demandarle a sus servidores públicos el cumplimiento cabal de su encargo.
La revocación podrá solicitarse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del mandato. En este momento en el que nos encontramos en la antesala de la posible realización de este gran ejercicio participativo, en el Congreso emitiremos durante las próximas semanas, la ley reglamentaria que consolidará esta figura constitucional y a su vez la profesionalización, lealtad y democratización del servicio público.
En Hidalgo nos encontramos en una situación crítica. La falsa confianza generada por la vacunación ha propiciado un aumento nunca visto en los casos de Covid-19. Actuar con empatía y responsabilidad es una tarea a la que todos nos debemos sumar o enfrentaremos las lamentables consecuencias que ya conocemos.
