En un país donde millones de personas ven su pensión como espejismo, existe un segmento que goza de pensiones que rompen cualquier lógica: empleados de Pemex, CFE, ISSSTE y universidades públicas.

Mientras los trabajadores cotizan y las arcas fiscales resienten el peso, pocos discuten el tamaño de estos compromisos.

Por su parte, según registros de 2021, tanto Pemex como la CFE suman pasivos por pensiones cercanos a dos billones de pesos, aunque esa cifra ya está desfasada y probablemente más alta hoy.

Las jubilaciones actuariales de los estados alcanzaron entre 1.38 y 2.2 billones de pesos entre 2009 y 2019. Ya para 2021, sumaban 4.1 billones, equivalente a 18.6% del PIB

2021-2025. Las universidades públicas operan con subsistemas de beneficios definidos que están prácticamente quebrados: la sustancial deuda amenaza con paralizarlas si no se reforma pronto.

Un estudio reveló que 179 ex trabajadores de Pemex recibían entre 160 mil y 200 mil pesos mensuales, mientras que en el IMSS solo dos mil 270 pensionistas alcanzaban entre 69 mil y 70 mil pesos al mes, aun cuando el IMSS es 51 veces más grande en población asegurada.

En resumen, hay pensiones que equivalen a múltiplos de lo que recibe el trabajador promedio, financiadas con impuestos, mientras que la mayor parte de los pensionados subsisten con ingresos mínimos.

Eliminar o reformar esos privilegios es un tabú político. Nadie aborda el costo político, sindicatos con fuerza, burocracia protegida y complicidad legislativa han convertido esos esquemas en intocables.

Mientras tanto, el gobierno debe afrontar esta realidad fiscal, en 2025 más de 30% del gasto neto total está comprometido con rubros no modificables, entre ellos pensiones especiales, limitando la capacidad para invertir en salud o infraestructura.

¿Existen alternativas plausibles?

La verdad es que sí, como la de crear un fondo universal único de pensiones, eliminando privilegios futuros.

Revisar contratos de transición, como el de Pemex (100% salario al jubilarse con 30 años de servicio y 60 años cumplidos).

Evaluaciones actuariales públicas y transparentes con sindicatos y entidades universitarias para re direccionar gastos.

Introducir un tope fiscal a pensiones por encima de cierto monto mensual, y utilizar los recursos liberados para fortalecer programas de retiro y salud pública.

La paradoja es brutal: mientras millones enfrentan una jubilación de miseria o viven sin pensión, un puñado disfruta de privilegios que erosionan el presupuesto nacional. Es un conflicto de justicia social vs intereses corporativos.

Si México no reformula este sistema antes del final de la década, el costo no será solo fiscal, será moral. La pregunta es simple: ¿seguimos construyendo un Estado próspero para todos, o solo para unos cuantos?

Recuerda: “La información es poder: infórmate, pregunta y protege tu futuro.”

Consultor en seguridad social, pensiones y fondos de inversión

Facebook @gyairapuato

http://grupoaseguradorgya.com, sobrepensiones@gmail.com