Sobre los mandatos o poderes notariales

1.- Hay una nueva de reforma al Código Civil del Estado, que promovió la diputada Arcelia María González González, sobre vigencia de los poderes ante Notarios y su registro.

2.- La idea es limitar los poderes, darles una temporalidad de hasta cinco años, a fin de que quien otorgó el poder manifieste su decisión de mantener a su representante en un acto jurídico.

3.- El nuevo texto según el Decreto 190 es el que copio:

Artículo 2108. El mandato termina:

a VI (...) (sic)
Por conclusión de su vigencia legal por el vencimiento del plazo por el que fue otorgado, o por la conclusión del negocio para el que fue concedido;

VI (…) (sic)

Si el negocio por el que se otorgó el poder trasciende la vigencia de éste, se entenderán por prorrogadas las facultades otorgadas hasta la conclusión del mismo, quedando comprendida la de promover el juicio de amparo.

Artículo 2066. El mandato debe... (sic)

y II. (sic)

El mandato otorgado en escritura pública tendrá una duración (sic) de hasta cinco años. Los notarios públicos insertarán en los testimonios (sic) de los mandatos que otorguen la fecha de inicio y terminación de su vigencia, cuyo cómputo debe comenzar a partir de que se dio la declaración del mandante en favor del mandatario.

Artículo 2495. Se inscribirán en... (sic)

a XIV (...)
Los mandatos otorgados en escritura pública; y

XVI. Los demás títulos... (sic)

Artículo 2513. Toda inscripción que... (sic)

a V (...)(sic)
La naturaleza del acto o contrato y, el inicio y terminación de su vigencia;

VIl. a IX (...)(sic)”

4.- El nuevo problema para los notarios sera que ahora tendrian que registrarse los nuevos poderes notariales, a partir del sábado 24 de junio, lo que entorpece su expedición, podría aumentar su costo y su entrega ya que el registro implica un obstáculo y por otro lado da más seguridad jurídica.

4.1.- No se indica si las revocaciones de mandato se deban inscribir, lo que es una laguna legislativa, como me lo apunta Baumberger.

4.2.- Me acota aguda y certeramente Ramirez Salgado, el legislador indica duración, en vez de vigencia. Y tiene razón no es un lenguaje apropiado. (bien me escribe, no son llantas). Destaca que se insertará ello en el Testimonio y no se expresa que sea primero en el Protocolo; esto es inaudito, ciertamente los legisladores no son Notarios y muchos no son abogados y sus asesores, no sé qué sepan, y menos con esta redacción deplorable.

4.3.- Como siempre la entrada abrupta, en vigencia es grave, ya que fue al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, que fue el 26 de mayo de 2017. Casi nunca dan un plazo para conocerlo, para justipreciarlo. Como si todos justiciables, ciudadanos, notarios, abogados, leyéramos ese periódico puntualmente.

4.4.- Y lo peor, como me lo apunta la abogada Becerra, como se puede entender el artículo Segundo Transitorio que indica que el Ejecutivo tiene 90 días para reformar el reglamento del Registro Público y 180 días para asegurar el funcionamiento del Decreto en los términos del mismo. Es decir, habrá obligación de registrar, sin reglamento. Hubiera sido preferente homologar fechas para todo. Mal redactado.

4.5.- Hay también una expresión poco clara como la de “promover el juicio de amparo”. ¿Solo promoverlo?

4.6.- Como siempre esos Decretos contienen defectos de técnica legislativa, ya que se abusan de los puntos suspensivos y no hay texto refundido; en los términos publicitados se podría entender jurídicamente, que se deroga lo no escrito, al indicarse: “para quedar en los siguientes términos” (sic). Es decir, en el articulo 2066. El texto sería: “El mandato debe” nada más. Ese es un pecado que tienen casi todos los legisladores.

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