En un país donde la desigualdad se normalizó como paisaje, la agenda laboral del último sexenio se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la transformación pública.

A la par, se transformó el sistema de justicia laboral. Las viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje, marcadas por rezagos, opacidad y captura política, dieron paso a tribunales laborales imparciales, con jueces especializados y procedimientos más ágiles. 

En este contexto, la reforma más simbólica, es la que hoy se encuentra en su fase final en la cámara de diputados, hablo de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. 

Reducir la jornada no solo mejora la calidad de vida, sino redistribuye el tiempo, ese recurso que, en sociedades desiguales, suele concentrarse en quienes más dinero tienen. 

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