La diferencia fundamental hoy radica en el enfoque. Mientras que los intentos previos buscaban una reingeniería total del aparato nacional, el nuevo Plan B de Sheinbaum apunta directamente a las estructuras locales y municipales, aprovechando que Morena cuenta con la mayoría simple necesaria para modificar leyes secundarias sin depender de la oposición o incluso de sus aliados. A continuación, desglose los ejes que marcarán el nuevo rostro del sistema político mexicano.

En el ámbito municipal, la iniciativa propone una disminución drástica de los integrantes de los cabildos. Se busca establecer un número de regidores proporcional a la población de cada municipio, con un límite máximo de 15 regidurías. Esta medida pretende eliminar las “cuotas de partido” que inflan las nóminas municipales, asegurando que el ahorro se destine directamente a obra pública local. 

La reforma busca romper el candado constitucional que prohíbe someter temas electorales a consulta popular. La propuesta permitiría que la ciudadanía decida sobre asuntos específicos, como el monto del financiamiento que reciben los partidos políticos. Además, se plantea flexibilizar la revocación de mandato para que pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año del sexenio presidencial, ampliando los canales de democracia participativa. 

Finalmente, el Plan B reafirma el mandato de que ningún funcionario electoral gane más que la Presidenta de la República. Aunque esto solo afecta a un grupo reducido de altos funcionarios, la medida tiene un peso simbólico fundamental para la administración actual, que busca consolidar la “austeridad republicana” como la norma ética del servicio público en todos los niveles del sistema electoral. 

Esta reforma representa un triunfo estratégico que traslada la presión política a quienes se oponen al ahorro; es la victoria de la congruencia sobre el privilegio. El detalle es que aún no ha sido presentada, y debe ser aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones en abril, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para que pueda aplicarse en las elecciones de 2027; de lo contrario, su entrada en vigor sería hasta el proceso electoral de 2030.