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En un momento en que México se prepara para vivir una nueva contienda electoral de grandes dimensiones, la ciudadanía enfrenta no solo la complejidad de escoger a sus representantes, sino también el desafío de contar con instituciones que sean verdaderamente transparentes y accesibles.
La reciente publicación de Excélsior a sobre el incremento de negativas del Instituto Nacional Electoral (INE) para proporcionar información pública pone en evidencia una preocupante tendencia que contraviene los principios básicos de la transparencia democrática.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado un vacío institucional que, lejos de ser cubierto con eficacia, ha dado paso a un uso excesivo de la figura de “confidencialidad” por parte del INE para negar el acceso a información que debería ser pública. En el periodo de abril a diciembre de 2025, el organismo registró 179 negativas bajo ese argumento, más del quíntuple de lo observado en 2024. Lo más grave es que muchos de los documentos clasificados como confidenciales podrían compartirse sin afectar datos sensibles.
Este aumento en la opacidad institucional es un retroceso que preocupa profundamente. La transparencia es una obligación fundamental en una democracia. Garantiza que la ciudadanía pueda conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cómo se toman las decisiones y en qué condiciones se organizan los procesos electorales. Sin información clara y accesible, se erosiona la capacidad de los ciudadanos para ejercer contrapesos efectivos y alimenta la sospecha de prácticas opacas que debilitan la confianza pública.
De acuerdo con los principios que han regido históricamente el derecho al acceso a la información, toda persona tiene la facultad de solicitar y recibir información de las autoridades sin obstáculos infundados. Aunque leyes como la Ley General de Transparencia buscan asegurar estos derechos, su implementación efectiva requiere instituciones con la cultura y los mecanismos adecuados para responder con prontitud y apertura, no con barreras administrativas o argumentos ambiguos.
Es cierto que la transición institucional, (derivada de la desaparición del INAI y la reasignación de sus funciones a nuevas estructuras) ha implicado ajustes operativos. Sin embargo, estos no pueden ser excusa para que la opacidad sea la respuesta predominante frente a solicitudes legítimas de información. Más aún cuando se está a semanas de iniciar uno de los ciclos electorales más complejos del país, donde se renovarán múltiples cargos de elección popular y donde la confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales es un bien indispensable.
La política de transparencia debe ser proactiva, debe incorporar no solo la disponibilidad de datos, sino una cultura institucional que entienda que la apertura informativa es una forma de fortalecer la legitimidad de las instituciones. Limitar el acceso a información que no compromete datos sensibles, aduciendo “confidencialidad”, puede parecer una defensa técnica, pero en los hechos se traduce en un obstáculo para la fiscalización social y la participación informada de la ciudadanía.
La ciudadanía mexicana tiene derecho a saber cómo se está organizando y financiando la elección, cómo se ejercen los recursos públicos en este contexto y qué criterios se utilizan para tomar decisiones que impactan directamente en la vida democrática. Este derecho no es un privilegio, es un pilar de la convivencia democrática.
Si el INE aspira a mantener su credibilidad ante la sociedad, deberá adoptar una política de transparencia efectiva que vaya más allá de responder solicitudes en los márgenes mínimos de la ley. Debe abrir espacios reales de información y diálogo con la ciudadanía y los medios, especialmente cuando se avecina un proceso electoral que exige claridad, confianza y certidumbre. La democracia no solo necesita elecciones, sino también instituciones que iluminen con claridad el camino hacia ellas.