¿Los despidos bastan?

El Ayuntamiento de Mazatlán confirmó que hace un par de meses un abogado del área Jurídica fue despedido tras ser acusado de acosar a una menor de edad que ingresó al Palacio Municipal para vender fruta.

La alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, aseguraron que el caso se atendió conforme a protocolo y que la separación del funcionario fue inmediata una vez revisadas las evidencias.

La postura oficial parece clara: cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sean trabajadoras del gobierno o no.

Sin embargo, el despido del funcionario abre una pregunta que la administración no dio precisión: ¿es suficiente cortar un vínculo laboral cuando se trata de una agresión hacia una menor?

Porque más allá del acto administrativo, que, sin duda, era necesario, la sociedad merece saber si hubo una denuncia penal, si la víctima fue acompañada jurídicamente, o si se garantizó que el agresor no volverá a ocupar un cargo público en otro espacio.

Este caso, que involucró a una menor, debió activar no solo protocolos internos, sino también la intervención de autoridades especializadas en atención a niñas, niños y adolescentes. Y sin embargo, la información oficial se limita a un despido inmediato y a un mensaje de cero tolerancia que, sin acciones de seguimiento, corre el riesgo de quedarse en el discurso.

El Palacio Municipal debería ser un espacio seguro. Que una menor sea víctima de acoso dentro de él no solo es grave, es un recordatorio doloroso de que las instituciones no siempre están preparadas para proteger a quienes acuden a ellas.

El gobierno actuó, sí. Pero la pregunta sigue vigente y merece una respuesta clara, cuando se trata de violencia contra una menor, ¿basta despedir al agresor?

La ciudadanía necesita saber que detrás de cada caso hay justicia, no solo un trámite laboral.

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