Error de cálculo o planeación, quizá por andar a las carreras o justificar el presupuesto, pero la Comuna marismeña parece estar metida en un embrollo.

¿Y esto por qué? Pues en su Plan de Obra Pública para este año proyecta obras que no tienen certeza jurídica, es decir, que bien puede pavimentar una calle en un terreno privado o construir infraestructura en zonas que no pertenecen a las reservas territoriales del Municipio.

Incluso, el Gobierno de Mazatlán corre el riesgo de que se le demande.

El derecho es claro: ante una falta, la ley define.

Las áreas a cargo deberían estar bien documentadas de dónde de sí y dónde no.

No es cosa menor, si volteamos a ver al pasado y cuántas demandas ha perdido por diversos casos.

Solo recordemos cómo le fue por el caso Nafta Lubricantes, que el gobierno de Alejandro Higuera Osuna otorgó el permiso para construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos, proyecto que logró ser frenado por un ciudadano de la zona.

Pero el caso siguió con Felton, quien perdió la demanda y la dejó como herencia a Pucheta y “El Químico”, administración que terminó pagando más de 208 millones de pesos como reparación del daño.

Como es dinero público, los políticos nunca son los dolientes.

Hasta el momento en el Cabildo no se ha hecho eco de esta situación, pero se espera que en los próximos días se busque ajustar los proyectos para no caer en demandas innecesarias, ¿o será que para alguien sí son necesarias?